Alcalde Velásquez declarará en juicio contra Darío Quiroga
El lunes 14 de abril a las 10:30 horas, quedó fijado el juicio en el que el Fiscal Marcelo Peña intentará demostrar que el concejal de Calama Darío Quiroga, tuvo la intención de descarrilar los trenes, que llevan el cobre de Chuquicamata a Antofagasta.
Su abogado, el concejal , Jaime Araya Guerrero, buscará demostrar que la fiscalía junto a las autoridades del anterior Gobierno, están buscando resquicios legales, como es la Ley de Ferrocarriles que data de la década del 30, para criminalizar la protesta social.
"Este juicio es incomprensible desde un punto de vista jurídico, puesto que se saca de contexto lo que es una legítima y pacífica movilización de la ciudadanía, para intentar acusar a mi defendido con una Ley que no tiene pertinencia", señaló el abogado Araya.
Respecto a las motivaciones políticas que podrían subyacer en esta situación, Jaime Araya precisó: "Durante los últimos meses, el ex intendente Waldo Mora, no perdió ocasión para señalar que Darío era el principal instigador de todos los movimientos ciudadanos en la región; aquí estamos en presencia de un intento de acallar su voz como líder ciudadano y adicionalmente tratar de apagar la legítima demanda de Calama".
El juicio se iniciará con la comparecencia de los testigos, entre los que destacan el alcalde Esteban Velásquez, la concejala Norma Araya y el líder sindical Jedry Velis.
Hay que recordar que en la ocasión de los hechos, el domingo 26 de agosto de 2012 a plena luz del día, varios centenares de personas se ubicaron en diversos puntos de la línea férrea y a rostro descubierto irrumpieron sentándose en la línea férrea como señal de protesta, y donde algunas personas colocaron piedras de diversos tamaños como forma de llamar la atención. Allí 11 personas fueron detenidas..
A diez de ellos se les acusó de desórdenes simples, pero en el caso del concejal Quiroga, tanto la Fiscalía como la Gobernación encabezada en ese entonces por Luis Garrido, solicitaron ampliar las investigaciones, para finalmente acusar al concejal de intentar descarrilar el tren, y para ello se pide una pena de 300 días de presidio.