El juez federal Ariel Lijo citó a una declaración indagatoria al vicepresidente argentino, Amado Boudou, en la causa que lo investiga por supuestas negociaciones incompatibles con la función pública, en un hecho inédito en la historia democrática de Argentina.
Boudou deberá presentarse a declarar el 15 de julio ante el juez, que lo investiga por supuesto tráfico de influencias por su presunta intervención cuando era ministro de Economía para salvar de la quiebra a la imprenta de billetes Ciccone Calcográfica y contribuir a dejar en manos de supuestos allegados suyos la gestión de la empresa.
Tras este revés político para la administración de Cristina Fernández, el Gobierno salió a tomar distancia de Boudou: 'Está a disposición de la Justicia, como siempre', sostuvo el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich. 'El vicepresidente siempre ha manifestado su voluntad de cumplir con todas las instancias judiciales', remarcó.
La diputada y líder de la Coalición Cívica opositora, Elisa Carrió, advirtió que se está 'a las puertas de la destitución del vicepresidente por corrupción' a través de un juicio político en el Congreso.
'no voy a renunciar'
Por su parte, el vicepresidente reiteró su inocencia. 'No tengo miedo ni de ir preso, ni de ningún procesamiento porque estoy muy tranquilo. Juro que no cometí ningún acto de corrupción. Me da mucha tranquilidad poder demostrar mi inocencia. No voy a renunciar ni pedir ninguna licencia', subrayó Boudou en declaraciones a Radio 10.
Según sostuvo el juez en la resolución difundida ayer por el Centro de Información Judicial (CIJ), 'Amado Boudou, junto a José María Nuñez Carmona, habrían adquirido la empresa quebrada y monopólica Ciccone Calcográfica, mientras Boudou era ministro de Economía, a través de la sociedad The Old Fund y de Alejandro Vandenbroele, con el fin último de contratar con el Estado Nacional la impresión de billetes y documentación oficial'.
'Boudou, aprovechando su condición de funcionario público, y Núñez Carmona, habrían acordado con Nicolás y Héctor Ciccone, y Guillermo Reinwick la cesión del 70% de la empresa Ciccone Calcográfica a cambio de la realización de los actos necesarios para que la firma pudiera volver a operar y contratar con la Administración Pública', señala la decisión judicial.
El magistrado consideró que 'Boudou habría tenido injerencia, de forma directa, presenciando las reuniones para la adquisición, y, junto a Resnick Brenner (jefe de asesores de la AFIP) en el trámite de un plan de pagos ilegal en AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos). Asimismo, habría intervenido, a través de personas interpuestas, en los actos necesarios para el levantamiento de la quiebra, con el objetivo de obtener el certificado fiscal para contratar con el Estado Nacional'.
Boudou, quien enfrenta además una causa por supuesto enriquecimiento ilícito, será el primer vicepresidente argentino en funciones que declarará como imputado de supuesta corrupción por la justicia federal.
El 15 de julio, Boudou estaría a cargo del Poder Ejecutivo si se confirma que la Presidenta viajará a Brasil para asistir a la cumbre de los BRICS.
