Fueron años de lucha y de tratar de convencer a las autoridades del gobierno central que los esfuerzos de construcción debían concentrase en el Paso Jama. Estaba comprobado que entregaba mayor seguridad para el tránsito vehicular durante gran parte del año.

Los calameños fueron quienes más se preocuparon de difundir las bondades de Jama, porque eran parte del recorrido y abría oportunidades de desarrollo de intercambio entre Chile y Argentina. Otras alternativas la dejaban fuera.

Mientras en Argentina el consentimiento sobre la importancia de este paso era apoyada desde las más altas esferas en Chile el respaldo no era tan tácito. Una y otra vez hubo resistencia debido a que se quería privilegiar a otros sectores.

Se buscaba una ruta mucho más directa a los puertos de Mejillones y Antofagasta, y en ese sentido reunía mayor ventaja el cruce de Los Andes por Sico. Pese a que habían estudios y reportes que aseguraban que era en el período invernal se veía afectado frecuentemente por las nevazones y viento blanco.

Como los recursos tenían que ponerse en un solo paso internacional hubo una ardua labor que al final logró establecer a Jama como la mejor alternativa. Y fue así que con fondos regionales y sectoriales se comenzó a pavimentar una ruta que en la actualidad es un orgullo para aquellos precursores de décadas pasadas.

Hoy, a propósito de los viajeros con destino Brasil por el Mundial de Fútbol, podemos dimensionar su importancia. Sí, porque cuando se cerraron los pasos de zonas más centrales, incluido Sico, el Paso Jama con algunas restricciones pudo resistir y fue la ruta que permitió el exitoso viaje de miles de fanáticos que querían acompañar a la Selección Chilena en tierras brasileñas.

Un merecido reconocimiento para aquellos visionarios que lograron exponer al país que Jama es el cruce ideal hacia Argentina y que con el tiempo se ha consolidado como un verdadero corredor para no sólo atravesar la cordillera, sino también para llegar a Brasil y Paraguay.

Los abusos, los engaños, la falta de transparencia y la letra chica son parte de la vida cotidiana de los consumidores chilenos, es por eso que una de las tareas prioritarias del este Gobierno ha sido fortalecer el Servicio Nacional del Consumidor. A través del proyecto firmado por la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, se busca poner fin precisamente a los inconvenientes y abusos que a diario enfrentan y que hasta ahora sólo se resolvían extrajudicialmente cuando existía voluntad de las empresas. Sin duda, es una muy buena noticia para los consumidores.

Este proyecto tiene como objetivo dotar al Sernac con las facultades que le permitan fiscalizar, sancionar e interpelar la Ley, herramientas que le ayudarán a cumplir con su cometido de manera eficaz.

Esta iniciativa además propone que las denuncias por infracción a la Ley del Consumidor sean resueltas por el Sernac y que las series de indemnizaciones cuando existen perjuicios, sean de competencia de los tribunales civiles. Esto tiene un fundamento simple: garantizar los a los consumidores, tengan o no la posibilidad de recurrir a los tribunales, de que va haber una respuesta rápida, transparente y ágil a su problema.

Junto con las mayores facultades con las que contará el Sernac, esta iniciativa considera el aumento de las multas que contempla la Ley, porque hoy los montos no son suficientes para evitar posibles infracciones ni tampoco se condice, en la mayoría de los casos, con la gravedad de la infracción.

Asimismo, más allá de lo que puede y debe hacer el Estado, la promoción y defensa de los derechos de los consumidores es más efectiva cuando las propias personas organizadas hacen oír su voz. En este sentido, la iniciativa legal se hace cargo de apoyar la organización de la Sociedad Civil, potenciando las Asociaciones de Consumidores, aumentando los recursos del Fondo Concursable de la Ley para la representación y defensa de los intereses de los consumidores.

Este proyecto elimina también las restricciones que impiden una reparación íntegra de los daños causados al interés colectivo de los consumidores, permitiendo, por ejemplo, las indemnizaciones por daño moral.