Reformas estructurales como la educacional y tributaria, demuestran que el Gobierno de la Presidenta Bachelet, va directo a la raíz de los problemas para acortar la brecha de la desigualdad en Chile.
Educación gratuita es sinónimo de mejor condición de vida de los chilenos, pero 'con plata se compran huevos' y se requiere dinero fresco para materializar las 50 medidas que comprometió la Mandataria, en los primeros 100 días de su gestión.
Permítanme un símil con el logro de Chile en el mundial de fútbol. Técnico y jugadores de la 'Roja', atribuyen al sentido de equipo, convicción y planificado trabajo, su plausible actuación en la primera fase del certamen.
Como Gobierno de Chile y guardando las distancias, compartimos un espíritu similar, porque en estos tres meses nos hemos jugado enteros para responder a la Presidenta y a la gente.
Lo anterior no es sencillo en el caso de Calama, un problema de la magnitud del nuevo hospital, cuyas obras están detenidas, por cierto, paraliza también la confianza en las autoridades.
Sin embargo, el Gobierno Provincial, con el firme respaldo del Gobierno Regional, está allí, al pie del cañón, decidido a recobrar esa confianza de la comunidad, aún a costa de duras críticas, pero que se aceptan cuando son dichas en tono de respeto.
En estos momentos, Calama, Tocopilla y Taltal, son prioridades para el Gobierno de Chile, pues se reconocen sus carencias en salud y vivienda, por ejemplo.
Por lo mismo se trabaja con la gente para resolverlos, como ocurre con la mesa comunal de salud. En cuanto a vivienda, durante los próximos cuatro años se construirán 2.800 casas en Calama -a razón de 700 por año-, gracias a que la Presidenta Bachelet derogó el mecanismo de venta de terrenos que imponía Bienes Nacionales a Serviu, encareciendo el valor de las viviendas y anulando el sueño de la casa propia.
Sí, este será el Gobierno de los cambios sustantivos en el plano económico, social y político, pero ninguno se está haciendo entre cuatro paredes, sino en el marco de la institucionalidad vigente.
Prueba de ello es que cuatro medidas pendientes -92 por ciento es el cumplimiento- afectan directamente a los pueblos originarios, lo que amerita un proceso de consulta a las comunidades, reafirmando de este modo, el respeto a la democracia y la voluntad ciudadana.