Fortalecer y potenciar el trabajo que realizan las cámaras de televigilancia en la ciudad fue uno de los compromisos que adquirió el gobernador Claudio Lagos en su visita a la Central de Comunicaciones de Carabineros (Cenco).

En la oportunidad, la máxima autoridad de la provincia, también destacó la función que cumplen las 25 cámaras que operan en distintos lugares de Calama y que sirven como medios de pruebas para las irregularidades o delitos que captan.

'Es muy importante el rol que cumplen las cámaras en la focalización de recursos de nuestras policías, ya que éstas entregan el lugar exacto de dónde se comete un delito, además las imágenes sirven como verificación de delitos en los tribunales de justicia que operan en la ciudad', informó el Gobernador de El Loa, Claudio Lagos .

En total son 39 las cámaras que posee la Cenco en Calama, sin embargo hay 14 que se encuentran en malas condiciones gracias al clima de la zona o al ataque que sufren por parte de los mismos delincuentes.

De esa forma, la Gobernación con el apoyo del Municipio, proyecta realizar distintas gestiones con el objetivo de tener operativas todas las cámaras que existen, ya que éstas son un importante medio para combatir la delincuencia en Calama, y una herramienta sofisticada para apoyar el trabajo preventivo de la policía uniformada y civil.

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Dos días de discusión, y la aprobación de 378 patentes de alcoholes para la comuna fueron parte de las sesiones y 'reflexiones' que generó el debate en el Concejo Municipal por otorgar estos permisos, y que tuvieron varios condimentos extras debido a las distintas interpretaciones de la ley que hicieron los representantes comunales.

Más allá del marco legal, el cual es criticado por parte del Concejo Municipal y por el alcalde Esteban Velásquez, la discusión estuvo centrada en la amplitud y también el 'proteccionismo' que establece la Ley de Alcoholes con los contribuyentes, 'en desmedro del impacto social que tiene en la realidad loína', según las autoridades.

legalidad

'La Ley de Alcoholes no protege a los ciudadanos, sino que al contrario protege a los dueños de locales con patentes de alcoholes, y es ahí donde advertimos un problema porque el cuerpo legal no advierte el impacto que tiene en la sociedad, y ata de manos al rol fiscalizador que tiene el municipio y por ende el Concejo Municipal', expresó el concejal José Mardones sobre el tenor del debate.

Y en lo valórico el alcalde Velásquez comentó acerca de la polémica discusión: 'Hoy nuestra municipalidad no está por limitar el ejercicio y trabajo legítimo al solicitar una patente de alcoholes. No obstante privilegiaremos el resguardo de la ciudadanía, del estudiante, la seguridad pública, que los locales tengan un tipo de aporte al devenir de la ciudad, y que esto no se transforme en riesgos sociales, de proliferación de alcoholismo. Más bien queremos locales que promuevan cultura, y queremos comulgar el derecho al trabajo pero sobre eso cómo la ciudad establece un bien común'. dijo el jefe comunal sobre la discusión establecida.

'Esta discusión es un intento por poner en valor la importancia, y también el impacto negativo que tiene la entrega de patentes de alcoholes en una comuna determinada como Calama. No se trata de negarla, pero sí de evaluarla porque la ley no conoce de nuestra realidad, y los problemas que genera la aprobación de patentes de alcoholes en la sociedad local', dijo la concejala Dinka López, y que votó en contra de aprobar siete permisos, y que no fueron aprobados por el Concejo Municipal.

'Más que aprobar o no un número de permisos, o caducarlos este debate fue provechoso, porque permite ampliar la mirada sobre una ley que no distingue su impacto y también las consecuencias que trae consigo en la gente. Nuestra intención es, y será, promover cambios en ella que tengan ante todo un fin que no genere problemas como alcoholismo y otros, y proyectar normas que regulen su venta y el derecho a expendio', cerró la concejala Norma Araya.

Las patentes fueron analizadas una por una y los dueños de quienes no fueron aprobadas tienen derecho a apelación para que la medida municipal sea revocada.