El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, descartó ayer un alto al fuego e insistió en que su país se prepara para ampliar la ofensiva militar contra Gaza, que en apenas 72 horas ha causado la muerte a 88 personas, la mayor parte de ellas civiles.

Netanyahu tuvo, sin embargo, que frenar a los miembros más duros de su gabinete, que le exigieron incrementar el castigo a la Franja con medidas como la interrupción del suministro de electricidad y agua que Israel controla. 'Los consejeros legales no permitirían esto', zanjó Netanyahu, quien aseguró haber ordenado un aumento del número de ataques aéreos precisamente porque un país como Israel no podía permitirse tomar dichas acciones.

Esa orden se concretó en cerca de un centenar de bombardeos más sobre distintos puntos de Gaza, que ayer causaron la muerte a una treintena de personas y elevaron a casi 600 los heridos en los tres días de ofensiva.

Siete de las víctimas murieron en un bombardeo contra un café en el que un grupo de personas disfrutaban de la semifinal del Mundial de fútbol.

Los objetivos fueron -según el Ejército- lanzaderas de misiles, centros militares de instrucción, supuestos silos y fábricas de armas, pero también viviendas en las que habitan civiles, lo que ha desatado una ola de críticas.

El Ejército israelí argumenta que son usadas por miembros de los movimientos islamistas como 'centros de comando' e interpreta por ello que son 'objetivos legítimos'.

Sin embargo, la organización israelí de defensa de DD.HH. Betselem recordó que atacar viviendas de milicianos palestinos 'viola el derecho humanitario internacional'.

'Tratar esas casas como objetivos legítimos es ilegal, una interpretación distorsionada del concepto cuyo resultado es el daño para los civiles, a quienes la ley intenta proteger', subrayó la organización.

Betselem denunció que el Ejército israelí es consciente que esos objetivos son ilegítimos, pero trata de cubrir la realidad al asegurar que se trata de 'centros de operaciones y de comando' de altos mandos de Hamás.

'En otras palabras, los militares mismos saben que esos ataques son ilegales porque las casas no son objetivos legítimos. Sólo después del primer comunicado (en el que se admitía el ataque a cuatro casas) intentaron readaptarlo para que se ajustara a la ley internacional', afirmó. La polémica se desató después de que se conociera que Israel mató a ocho personas, seis de ellas menores y niños, en un ataque contra la vivienda de la familia palestina Kaware, uno de cuyos miembros pertenece al brazo armado de Hamás.

Mientras, Netanyahu y el presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abás, conversaron ayer por separado con el secretario de Estado de EE.UU., John Kerry. Según un comunicado, Abás solicitó al jefe de la diplomacia estadounidense que intervenga para lograr un alto el fuego inmediato. Netanyahu insistió por su parte en que su país tiene el derecho y la obligación de defenderse.