Hacia un país desarrollado y justo
Durante esta jornada la Presidenta Michelle Bachelet en conjunto con la comisión presidencial para la Descentralización y Desarrollo Regional, entregará el informe que da cuenta de las necesidades de las regiones de nuestro país y de las propuestas que se alzan como políticas públicas para avanzar e impulsar la igualdad de oportunidades a lo largo y ancho de Chile.
Los 33 miembros de la comisión, de distintas colores políticos y experiencia profesional, proponen 70 medidas para dar paso hacia un país desarrollado y justo, según lo menciona el mismo texto del informe.
Dentro de las propuestas fundamentales de la misiva se encuentran: definir a nuestro estado como un estado regional y descentralizado; elegir por voto popular a la máxima autoridad regional; establecer una descentralización administrativa a nivel regional tanto en los servicios públicos como en los programas que se implanten; crear un sistema de administración de áreas metropolitanas; crear una ley de rentas regionales; crear un fondo de convergencia para la equidad interregional; impulsar sistemas regionales de gestión de capital humano; fortalecer la institucionalidad pública regional; fomentar la democracia local y regional y dar mayor cabida a la participación ciudadana.
En particular tengo la convicción de que los temas planteados tendrán un tratamiento acorde con las necesidades de cada región y valoro el trabajo que se ha hecho para llegar a las conclusiones presentes en el informe, pues no solo participaron expertos en Santiago sino que el diálogo fue ampliado a todas las regiones, recogiendo la experiencia de la gente en encuentros respetuosos y abiertos a todas las posturas y opiniones.
Valoro asimismo que uno de los ejes principales del informe sea un planteamiento acordado en nuestra propia provincia, cual fue la descentralización fiscal y financiera, en aras del progreso de las regiones y de la independencia de recursos para solventar obras de desarrollo.
He de esperar que nuestra iniciativa que crea un fondo especial y permanente para las regiones mineras, pueda ser patrocinado por el Ejecutivo.