La incorporación de agentes policiales encubiertos en la investigación de casos y la figura del "terrorista solitario" aparecen como las principales novedades que entregó ayer el Gobierno sobre el proyecto que modifica la Ley Antiterrorista actualmente vigente.

El proyecto ingresará hoy al Senado y modifica el Código Penal incorporando los delitos de criminalidad compleja u organizada. El ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, evitó afirmar que el Ejecutivo va a "derogar" la actual legislación, para no incidir en los procesos actualmente abiertos o en los condenados por esta norma.

La propuesta legislativa establece la figura de agentes policiales determinados, que van a desempeñarse como agentes encubiertos o agentes reveladores, homologando lo que indica la Ley 20.000 (narcotráfico), que permite este tipo de agentes. El agente encubierto deberá ser funcionario policial y autorizado por un juez de garantía a solicitud del Ministerio Público. Estará exento de responsabilidad penal de los delitos en que deba incurrir o que no hayan podido impedir, siempre y cuando su accionar se enmarque en una autorización judicial respectiva y en una investigación específica.

En cuanto a los plazos, la ley contempla hasta tres años para las indagaciones y el Ministerio Público deberá guardar secreto de la investigación. Las diligencias secretas tendrán que registrarse en un archivo especial.

También incluirá la figura del "terrorista solitario", que prescinde de la norma actual que obliga a la Fiscalía a demostrar la pertenencia de un sospechoso a una asociación ilícita para imputarle un delito terrorista.

El cuerpo legal sanciona a quienes actúan "con los propósitos terroristas de una organización o asociación terrorista, aunque no pertenezcan a ella".

nuevos conceptos

El proyecto incorpora los conceptos de "asociación criminal terrorista" y "delincuencia terrorista", y persigue crímenes cuyo propósito sean "socavar o destruir el orden institucional democrático, imponer exigencias a la autoridad política o arrancar decisiones de esta".

También sanciona a quienes pretendan "afectar gravemente el orden público o infundir temor generalizado de pérdida de los derechos fundamentales".

La iniciativa, según afirmó Peñailillo en un acto realizado en el Palacio de La Moneda, busca convertirse en "una ley eficaz que sancione los actos terroristas, que sancione a los terroristas y que al mismo tiempo cumpla con los estándares internacionales".

Sobre la base de que la aplicación de las nuevas normas requiere también de ajustes en otros cuerpos legales, como el mismo Código Penal, el Gobierno estima que el plazo de tramitación del proyecto se alargará por unos seis meses, dijo el ministro.

Según el ministro, el proyecto dado a conocer este lunes "modifica la legislación actual, va en la línea de ser una ley eficaz, que persiga a los terroristas y que los sancione (...). Donde haya un acto terrorista, esta legislación va a estar presente", afirmó.

Según Peñailillo, la iniciativa "se hace cargo del terrorismo tal como está concebido hoy día en el mundo".

El secretario de Estado agregó que "esta no es una ley que esté pensada para un territorio en especial. Está pensada para todo el país y bajo un fenómeno que, lamentablemente, no solo se produce en Chile, sino que también en otros países".

El senador (RN) Alberto Espina dijo que "proteger a los chilenos es un deber y por lo tanto tener una Ley Antiterrorista eficaz, que permita identificar, detener y encarcelar a quienes cometen estos delitos es fundamental". Su par (UDI) Hernán Larraín agregó que "el aumento de la delincuencia y victimización, sumado al incremento de delitos terroristas nos obliga a pensar que estamos en una situación compleja". El senador (PPD) Felipe Harboe agregó que el proyecto de La Moneda "permitiría hacer que la actual ley sea mucho más eficaz".

La mesa directiva de la UDI profundizó sus críticas a la gestión de la Presidenta Bachelet, específicamente contra al reforma educacional, y afirmó que los cambios que propone el Ejecutivo no se condicen con las demandas de la sociedad, lo que le habría granjeado el aumento en el rechazo que muestran algunas encuestas.

El presidente del gremialismo, diputado Ernesto Silva, calificó la iniciativa como un "capricho reformista que no calza con la realidad".

"Hoy lo que está sucediendo es que el Gobierno tiene mayoría de votos en el Congreso, pero está teniendo minoría en la sociedad. Esa es la realidad. Y por eso lo que le queremos decir a la Presidenta, con todo respeto, es que ha perdido el contacto con la realidad", afirmó el parlamentario.

"Le queremos decir a la Presidenta, con todo respeto, que ha perdido el contacto con la realidad y que para el país, que la Presidenta pierda contacto con la realidad es muy negativo", afirmó el timonel UDI.

rol de la dc

Por su parte, el secretario general de la UDI, diputado Javier Macaya, agregó que parte de lo mal que se ha gestionado la reforma educacional, a su juicio, se debería a que a la Democracia Cristiana le "falta valentía" para asumir una postura distinta sobre la reforma al interior de la Nueva Mayoría.

"Ellos tienen que darle explicaciones al país, a miles de padres y a miles de personas que asumen alguna identidad con sus principios, de por qué hoy día con sus votos, junto con el Partido Comunista, cientos de colegios van a tener que cerrar a partir del próximo año; de por qué con sus votos, junto con el Partido Comunista, van a ser cómplices de malas reformas", dijo Macaya.

La presidenta de la Confederación de Padres y Apoderados de Colegios Particulares Subvencionados (Confepa), Erika Muñoz, negó tener nexos o financiamiento de partidos políticos. "Algunos apoderados cancelan la cuota de incorporación y nos podemos movilizar", dijo la dirigente. Muñoz agregó en radio Cooperativa que "nunca ha pasado dinero de un partido político".