Control para evitar el robo de agua
La Dirección General de Aguas (DGA) ha confirmado nuestras sospechas que hay un abuso generalizado para la extracción de agua en nuestra provincia, ya sea de quienes tienen derechos adquiridos como personas que no teniéndolos sustraen ilegalmente este vital elemento en nuestra región.
Como las aguas superficiales ya se encuentran agotadas, ha existido una sobreexplotación de napas subterráneas, donde los principales consumidores son las empresas mineras.
Lamentablemente la utilización de estos afluentes subterráneos no tienen prohibición, pero afecta a sectores que son humedecidos por estas aguas. Es así como numerosos bofedales y vegas se han secado, eliminando al mismo tiempo a numerosa fauna de la zona.
En nuestra región sólo existen tres áreas de restricción que son Aguas Blancas y Rosario, Sierra Gorda y Salar de Llamara.
Aún así, la DGA ha detectado diversas extracciones ilegales por, quienes no poseen derechos constituidos y quienes teniéndolo extraen mayor cantidad de la autorizada, desde lugares no permitidos o por caudales distintos a los que acreditaron.
Y en este aspecto, es que creemos que falta mayor fiscalización para ubicar a los infractores y llevarlos delante de la justicia y denunciar públicamente a quienes cometen esta grave falta, porque surge el riesgo de terminar agotando todos los recursos hídricos y al mismo tiempo acabando con toda especie vegetal y animal que vive en esta zona.
Esperamos que la mayor fiscalización que aplicará la DGA dé sus frutos y pueda de una vez por todas terminar con esta extracción ilegal de agua.
Lo más preocupante que las empresas o personas naturales que realizan esta extracción sobre la permitido, no dimensionan el tremendo daño ambiental que están realizando a nuestra provincia, exponiéndole a un grave daño, del que podría ser irreparable si siguen robando indiscriminadamente.
Creemos que una solución práctica es que se legisle para exigir a todas las mineras usar agua desalada para su producción.