El oasis es la esencia de la existencia de Calama, por consiguiente, es responsabilidad de todos quienes habitamos en él cuidarlo. Nadie se puede restar a esta noble iniciativa que responde a la necesaria sustentabilidad de nuestro preciado territorio.

Como gremio, por ejemplo, vemos con preocupación cómo algunas personas extraen sin ningún criterio ni menos autorización agua de nuestro ya desgastado río Loa, tema que ya tratamos en una columna anterior por este mismo medio.

Lamentablemente son algunas de esas mismas personas o empresas que sin miramiento ni tapujo alguno usan también sectores agrícolas del oasis de Calama como estacionamiento de maquinarias.

Incluso, algunas optan por realizar allí sus mantenciones, botando lubricantes y otros enseres en desuso en el mismo lugar, contaminando de paso el terreno y poniendo en riesgo la vida que allí fluye, incluyendo el mismo río Loa y sus aguas.

Muchas de ellas sabemos lo hacen debido a que no consideran en sus inversiones una infraestructura ad hoc para estos fines. Este accionar, obviamente, va en contra de la Responsabilidad Social Empresarial que dicen tener y practicar en la comunidad que los cobija.

Sobre lo mismo, creemos que para terminar con estas malas prácticas, debemos hacer algo, pues reiteramos, afecta directamente a elementos claves que permiten la vida en este extenso territorio del Desierto de Atacama.

De no hacerlo, las consecuencias pueden ser irreparables en el corto plazo. He aquí donde la denuncia aparece como una potente herramienta para proteger el oasis y no poner de ninguna forma en riesgo su sustentabilidad.

Por lo pronto, estaremos atentos a aportar con ideas, iniciativas, gestiones y también denunciar prácticas como las anunciadas aquí, pues sentimos que tenemos una obligación ética y ciudadana que cumplir como uno de los gremios más influyentes e importantes de toda la región.

Cuando parecía que estábamos frente a una lucha perdida, la Fiscalía ordenó un procedimiento inédito en Calama que fue la clausura y decomiso de todas las máquinas de juegos de uno de los denominados minicasinos. Fue un operativo sorpresa en que Carabineros, funcionarios del municipio y del Ministerio Público, comprobaron que el local no contaba con los permisos municipales e infringía la ordenanza para operar juegos electrónicos, más allá de que todas las máquinas incautadas podían caer en la categoría de azar.

Se hablaba de una lucha batalla perdida porque el municipio lleva años combatiendo este tipo de negocio que estaban fuera de la ley sin éxito. Lo hizo con clausuras masivas, acciones legales y luego de recibir el respaldo de los tribunales las comerciantes seguían en rebeldía y abrían sus locales a sabiendas que no lo podían hacer.

Al común de la gente le extrañaba que rompieran los sellos de clausura, trabajaran normalmente a vista y paciencia de fiscalizadores y autoridades. Se les llamó "rebeldes" y hubo un compromiso para aplicarles la ley y lograr sus cierres definitivos.

De eso ha pasado más de un año y todo seguía igual. Pero la situación parece que viene en otro sentido a partir el miércoles con el cierre del negocio y la incautación de toda maquinaria destinada a los juegos de azar. Se tomó por sorpresa a los propietarios que esperaban seguir en el clandestinaje por muchos meses más.

Aquí hubo una señal clara contra los infractores que son varios más y que siguen abriendo sus puertas desafiando a la autoridad. Lo más probable que estos esperen a ser clausurados, porque no se ven señales de dejar el rubro por iniciativa propia.

Las autoridades aseguran que los cierres seguirán por disposición de Fiscalía y que se incluirá la incautación de los artefactos utilizados para el ilícito. Con ello en pocos meses se lograría limpiar de estos locales la zona centro a la espera de repetir lo mismo en las poblaciones.

De lograrse ese objetivo Calama podría convertirse en la primera comuna en ganarle la guerra a este tipo de comercio en el país.