Estudian acciones legales para detener incautación de juegos
El miércoles pasado el municipio y la Fiscalía realizaron una sorpresiva incautación de máquinas de juegos en un local del centro de la ciudad, lo que derivó en que empresarios del rubro tomaran en consideración este hecho para iniciar una tarea "educativa con respecto a lo que realmente son los juegos de habilidad y destreza, y no minicasinos como se plantea", expresó el abogado Héctor Mella, quien representa a dos dueños de locales de ese tipo de entretención.
De acuerdo a los antecedentes expresados por el profesional "no hay ningún peritaje en Chile que constate que se trata de máquinas de azar. Por lo que la incautación del pasado miércoles adolece de estas pruebas sobre las máquinas. Por lo tanto, si al tribunal llega una prueba hecha por la PDI, esta no sirve porque esta policía está inhabilitada para ello", explicó Mella, representante de los propietarios de las salas de juegos Entretenimientos El Loa y Mundo Mágico.
CARPETAS
Como parte del proceso de sociabilización que el profesional anunció, acerca de un tema que asegura está lejos de lo que se cree, "entregaremos carpetas informativas al fiscal, al gobernador, al prefecto de la PDI y también al municipio e intendente con respecto a este tema, porque hay mucho desconocimiento. No se trata de minicasinos, si así lo fuera esta actividad estaría regida por la Ley 19.880, se trata de juegos de habilidad y destreza", precisó el abogado, acerca de la iniciativa que mañana lunes comenzarán a concretar.
Sobre la "ilegalidad "en la que operan las salas de juegos, comentó que existe un dictamen, el 83.051 de la Contraloría General de la República, que manifiesta que si se está clausurado por el artículo 58 de la Ley de Rentas Municipales, el alcalde (Esteban Velásquez) tiene la obligación de demostrar que los aparatos son de azar.
Además, en un dictamen del contralor general de la República, que es vinculante y obligatorio, a todos los municipios del país, que los contribuyentes no necesitan ampliación del giro, ni tampoco solicitarla, por lo que es el alcalde quien está en rebeldía, puesto que el municipio no ha periciado las máquinas y no ha demostrado que tiene la razón.
Sobre acciones legales a concretar, el abogado manifestó "que será defender el tema de los comerciantes que hayan sido incautados y no entregaremos las máquinas al Ministerio Público, y vamos a estudiar las acciones pertinentes".
Mella agregó, con respecto a la clausura de las patentes, que "hay jurisprudencia de la Corte Suprema que ha dicho que si una persona tienen patente se trata de un derecho adquirido por lo tanto no puede ser revocada. Y si el alcalde insiste en incumplir esta medida de la Contraloría, lo analizaremos en la materia legal que corresponda, y partiremos con acciones educativas, entregando antecedentes reales al Ministerio Público, municipio, gobernación y otros. Y no conversaremos con el municipio, eso lo veremos en tribunales y cómo defienden su postura".