Fue en noviembre del año pasado en que en su primera visita inspectiva, el hasta entonces subdirector del IND -hoy en el primer cargo del organismo- Sergio Arévalo daba a conocer que la obra del moderno estadio calameño se terminaría tras caducar el contrato con Corsan -por continuos incumplimientos en los plazos- y entró en negociaciones con otra para concluir los trabajos todavía pendientes.
Y pese a que la ministra de deportes, Natalia Riffo se comprometió a que "los dineros pendientes para terminar los trabajos pendientes serán entregados por el IND", efectivamente existe el cuestionamiento de que el recinto, al igual que la escuela D-48 y el nuevo hospital de Calama se transformen en la obra más cara de su especie.
rechazo
La razón esbozada ayer en el diario El Mostrador asegura que "dicha resolución del IND, la N°24/2015, fue rechazada por la Contraloría General de la República mediante el dictamen N° 27.375/2015, aduciendo que no se encontraba totalmente tramitada. En otras palabras, no había "toma de razón" por parte del organismo contralor".
De acuerdo a la publicación, la "toma de razón" es el procedimiento de control preventivo a través del cual la Contraloría verifica la constitucionalidad y legalidad de los decretos y resoluciones que, de conformidad a la legislación, deben tramitarse ante ella. Dicho claramente, el Instituto Nacional del Deporte y por lo tanto su organismo superior, el ministerio del deporte se saltaron olímpicamente este paso fundamental para que sus decisiones no vulneren la ley ni la constitución.
Ni desde el municipio ni desde el IND regional quisieron entregar una versión del tema, lo cual remarca que la tramitación de lo administrativo respecto de esta obra corresponde netamente a gestiones realizadas en la capital.
Sin embargo, el problema no sólo es la dualidad de recursos que el IND deberá seguir pagando tanto a Corsan como a la nueva empresa que trabaja en la obra.
Porque primeramente, se cuestiona la gestión de Arévalo considerando que el IND sufrió dos veces el mismo revés en cuanto a sacar a la empresa española de la construcción del recinto. Y en segundo término porque la defensa de Corsán interpondrá acciones legales por "el restablecimiento del buen nombre, honorabilidad y reputación que la precede, a la vez que no descarta iniciar acciones penales en contra de cuantas personas, físicas o jurídicas, se demuestren responsables del daño reputacional ocasionado a la compañía".