A mediados de marzo pasado, se hizo pública la valorización preventa de las acciones de la empresa sanitaria Aguas Antofagasta S.A. Luego tomamos conocimiento de la venta llevada a cabo por la empresa, perteneciente al grupo Luksic, a un consorcio económico colombiano - Empresas Públicas de Medellín - en 965 millones de dólares. Este hecho no ha dejado indiferente a nadie en la Región de Antofagasta, puesto que la empresa sanitaria es la segunda con mayores utilidades del país y la única que aún se encontraba en manos chilenas, abasteciendo a más de 160 mil clientes en Antofagasta, Calama, Tocopilla, Mejillones y Taltal.
La enajenación y particularmente el precio de venta, me parece, a lo menos aberrante, ya que la firma privada- Aguas Antofagasta S.A. - vendió en más de 5 veces el valor que canceló por la concesión del abastecimiento y tratamiento de aguas en el año 2003, 186 millones de dólares, llevado a cabo por el Estado de Chile mediante Essan S.A. por un plazo de 30 años.
La transferencia de la sanitaria, es alarmante considerando el carácter estratégico, económico y social que representa el agua en nuestros días, y más ahora que existe una escasez hídrica que afecta a todo el país. Nuestra preocupación y malestar ha aumentado además por las declaraciones del grupo colombiano que ha adquirido las acciones de Aguas Antofagasta, quienes han adelantado que privilegiarán el uso del agua para procesos mineros en la región.
Ante lo mencionado me parece que es urgente y necesario una modificación a la Constitución Política de la República y al Código de Aguas, con el fin de nacionalizar este vital recurso, pues es inaceptable que un bien de uso público esté secuestrado por las leyes del mercado, y más aún sujeto, a que su uso para consumo humano y agrícola, quede en segundo plano por priorizar el desarrollo de procesos industriales y mineros sin ninguna conciencia con la escasez que se manifiesta de forma latente.
Mantengo firme mi compromiso con la lucha por el agua como recurso esencial y apoyo todas las iniciativas legales, administrativas y legislativas que impulsen una revisión de la potestad que tienen las concesionarias de negociar su venta a otras empresas, pues su deber es administrar bienes públicos y no lucrar con ellos.