El Consejo Regional de Antofagasta, tras la priorización que al proyecto le otorgó el intendente Valentín Volta, aprobó en forma unánime el convenio "Más Viviendas y Mejores Barrios para la región de Antofagasta", el que contempla de aquí a nueve años, desde el 2015 al 2023, la construcción de un total de 6230 viviendas en la zona, de las cuales 2028 serán edificadas en la capital de la provincia El Loa, Calama, mientras que en San Pedro de Atacama serán 110.
Este convenio, en el cual se invertirán a nivel regional 172 mil millones de pesos, persigue la adquisición de terrenos para construir viviendas, pero además asegura la urbanización de los mismos, con plazas, jardines y recintos comunitarios.
"Las casas que se van a edificar van a ser de mejor medida y como se van a adquirir terrenos, se van a poder construir más casas en comparación a lo que se hacía hasta hoy", mencionó el consejero regional por El Loa, Luis Garrido.
demanda
En la comuna de Calama existe una demanda organizada, vale decir, personas que requieren de una vivienda y éstas están aglutinadas en un total de siete comités que serán beneficiados por la construcción de estas casas. Pese al real esfuerzo de los organismos gubernamentales en la región, esta edificación de casas no alcanza a cubrir el déficit actual en la capital loína, el que está cifrado en 3 mil 816.
No existe hasta el momento el dato acerca de cuántas de estas 2028 viviendas serán construidas por año en la capital provincial de El Loa, pese a que se informó que en la región serán 950. Tampoco existe completa claridad acerca del monto que se ocupará en Calama de esos 172 mil millones invertidos a nivel regional.
"Será en el seccional Topáter donde se comience a trabajar. Vamos a aprovechar que la ley se modificó, porque hasta hace un tiempo Bienes Nacionales no podía entregar al Servicio de Vivienda y Urbanismo terrenos, no los podía traspasar y debía cobrar un precio comercial. En cambio, ahora esos espacios pueden ser traspasados en forma gratuita, con lo que se facilita el proceso", manifestó el consejero regional loíno, Luis Garrido.
consejo regional
El Core explicó que desde el año 2015 al 2021 se construirán viviendas, pero el convenio se estira hasta el 2023 porque se deja un tiempo prudente considerando que es complejo que las casas se terminen de edificar en un año. Además, aquella extensión permitirá armar un flujo de caja suficiente en el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).
"Es necesario armar ese flujo de caja, algo que realmente podamos cumplir, porque si aquello (el convenio con el Minvu) llegaba sólo hasta el año 2021, significaba que como FNDR íbamos a tener que aportar una cifra cercana a los 10 millones de dólares, más el convenio de salud, que también se aprobó hace poco, con una cantidad de dinero mayor a ésta y otros que existen, no habrían existido dineros adicionales para aportar con otras iniciativas, lo cual hubiese sido nefasto e injusto", dijo Garrido.
En el punto decimoprimero de programación de este convenio de construcción de viviendas se consigna la necesidad de nombrar un coordinador que será designado por acuerdo entre el intendente Valentín Volta, el seremi Minvu y el presidente de la Comisión de Vivienda del Consejo Regional, el cual deberá tener un claro perfil técnico y con probada capacidad de gestión de proyectos complejos.
Consultado Luis Garrido respecto de si el rápido o lento nombramiento de este personero afectará la agilidad del proceso de edificación de casas en la zona, éste fue enfático. "Aquello no te frena licitar o empezar a trabajar en proyectos, porque este ente tiene como misión dirigir una mesa de trabajo con los distintos servicios que van a estar al pendiente de cómo está el avance de cada una de las obras, si hay que mejorarlas o si existen problemas", señaló.
De cualquier manera, quedan algunos trámites de carácter administrativo para que este convenio se ratifique. Este informe jurídico debe ser firmado por el intendente Valentín Volta, para que luego lo haga la ministra de Vivienda y Urbanismo, María Paulina Saball, tras lo cual debe tomar razón la Contraloría. "Deberán transcurrir alrededor de tres o cuatro meses para que el convenio entre en funcionamiento, pensando en que este proceso va a ser acelerado", ratificó Garrido.