Al difícil y complicado momento que viven las familias y trabajadores de minera El Abra, han surgido voces, mensajes y también deseos por parte de la clase dirigencial de Codelco, quienes han expresado su solidaridad con la contingencia que viven quienes laboran en ese yacimiento.

Hilario Ramírez, presidente del sindicato número Uno de Trabajadores de Chuquicamata manifestó "que estamos con ellos y sentimos profundamente lo que están pasando tanto los trabajadores como sus familias, y quiero enviarles a nombre de todos nuestros asociados un mensaje de apoyo, cariño y de mucha fuerza", dijo.

Por su parte Liliana Ugarte, dirigenta del sindicato número Dos se sumó comentando "que estamos con El Abra, porque acá no hay diferencias de si son de otro yacimiento, porque El Abra tiene un 49 por ciento de pertenecía a Codelco. Y la estatal debe velar por la empleabilidad de sus trabajadores y eso significa que debemos unirnos por ellos. Agotaremos todas las instancias y mecanismos para salvar El Abra, así también solicitaremos a nuestros legisladores y autoridades que se unan en esta cruzada", esgrimió.

También analizó esta situación Miguel López, del sindicato Tres. A su parecer "esta noticia nos sorprendió a todos, y ha causado un daño tremendo a las familias de quienes ahí trabajan y que sin mediar conversación alguna o implementar un plan de contención de costos anuncia una medida nefasta como esta. A mi juicio esta es una bofetada a la clase más noble que la desarrolla y quiero expresar que no los dejaremos solos. Lucharemos y solidarizaremos con ellos", enfatizó.

DISTRITO NORTE

De manera conjunta todos los sindicatos del Distrito Norte de Codelco enviarán hoy una declaración en la que manifiestan su rechazo y su preocupación ante lo que está sucediendo en El Abra.

El documento tendrá también una argumentación de los gremios en lo que ocurre con este inesperado contexto y el rol que Codelco cumple como propietario del 49 por ciento de ese yacimiento.

Dentro de las opiniones y mensajes enviados a los trabajadores de El Abra, los dirigentes de Chuquicamata coinciden en que "esto es un abuso y también una alerta, porque parte importante del yacimiento es del Estado y las autoridades políticas deben tomar cartas en el asunto", explicó Miguel López.

"Calama debe movilizarse y entregar su respaldo a una decisión que nadie entiende y que afecta al país, porque se trata de transnacionales que despojan a un número no menor de chilenos de una fuente de ingreso y de su trabajo", reflexionó Hilario Ramírez.

El pasado sábado una treintena de familiares de trabajadores de El Abra, acompañados por dirigentes sindicales recorrieron en una caravana las calles de Calama manifestando su descontento y también realizando un llamado de atención ante el denominado "plan de egresos" de Freeport McMoran.

En la ocasión la presidenta del Sindicato El Abra, Juana Mejías, recibió la postura de los dirigentes de Chuquicamata, y agradeció "este gesto de solidaridad y de apoyo ante un hecho que no dejó indiferente a la gran familia minera. Agradezco esta muestras de cariño y apoyo, así también que se sintonice con todos nosotros", manifestó.

"Es el Estado el que pierde con este tipo de medidas que no contemplan el daño que se les hace a sus trabajadores y también tendrá un impacto en Calama y su gente. Entendemos que esto se podría haber evitado con medidas de mitigación y otras que mejoraran índices de productividad, por ello creemos que hay que apoyar a los afectados con esta decisión", cerró Ugarte.

Según informó Freeport McMoran se desvinculará al 60% del rol general, y al 40% de la línea de supervisión.

El turno "B" de El Abra no deberá presentarse a sus faenas a contar del próximo miércoles a la espera de la reorganización estructural que sufrirá la producción de ese centro minero.

Dentro de las medidas tomadas por la administración de El Abra se pretende reducir en un 50% la producción de cobre.

Como un "error" calificó la alcaldesa de San Pedro de Atacama, Sandra Berna, la información que indica que su municipio no cumplió con los requerimientos del Consejo para la Transparencia (CPLT), que la ubicó entre el 13.53% del total de los 170 municipios fiscalizados en forma reciente, que consiguieron en esta ocasión cero por ciento tras la evaluación efectuada en enero que la mantenía también entre las peores evaluadas a nivel nacional.

Berna, manifestó que "tiene que haber un error, ya que los funcionarios encargados de la Ley de Transparencia están trabajando. No puede ser un cero por ciento, ya que siempre estamos realizando pre-chequeos que nos arrojan un 50%" de cumplimiento en este proceso de responder a los requerimientos de la comunidad.

Luego, indicó que "entenderán que es lo único que le puedo informar por el momento. Pero, mañana (hoy) tomare contacto con ellos para aclarar la situación".

La reunión que sostenga la alcaldesa con sus funcionarios permitirán aclarar lo que ocurrió en este proceso, que la dejo en muy mal pie en la petición de antecedentes online.

La primera autoridad edilicia de la capital arqueológica de Chile, reconoció que la vez anterior que fueron evaluados, en enero de 2015, estaban mal en algunos aspectos administrativos, los que serían mejorados.

A la espera de la respuesta de los responsables de dicha materia en la localidad sampedrina, el municipio está ubicado entre otras 22 que lograron cero por ciento de cumplimiento en requerimiento de información en línea. Esto se debe a que exigieron obligatoriamente datos no contemplados en la Ley 20.285.

Las barreras tecnológicas detectadas de acuerdo a la información del Consejo para la Transparencia en el proceso fiscalizador en doce instituciones arrojaron que no cuentan con formularios o no están operativos los sistemas respectivos.

Mientras que en otras once entidades de similares características presentan obstáculos al requerir datos tales como domicilio postal, teléfono y rut.

En la fiscalización efectuada en enero de 2015 por el Consejo para la Transparencia a la municipalidad de San Pedro de Atacama, está institución edilicia logró cumplir con un 12.07%, que contrasta con el cero por ciento actual, que era mayor al registro de 2014 (8.25%) e inferior al de 2013 (36.97%) y al de 2012 (36.15%).