Advierten que Ley 20.000 castiga más el consumo que narcotráfico
EN LA REGIÓN. En 2015 ingresaron 1.674 causas por consumo o porte de drogas al Tribunal de Garantía de Antofagasta, mientras que por narcotráfico hubo 351 causas. 4,7 veces más ingresos por consumir o portar que por la comercialización de estupefacientes.
Probablemente el 2015 fue el año en que más se discutió sobre la actual forma en que se persiguen las drogas a nivel mundial. La conclusión parece ser una sola: los gobiernos llevan una batalla que están muy lejos de ganar y que, sobre todo en Latinoamérica, ha fomentado la existencia del crimen organizado y ha criminalizado al consumidor.
Pero los cuestionamientos empezaron hace unos años atrás. Según el estudio "El problema de las drogas en las Américas" (2013), patrocinado por la OEA mientras era su secretario general el chileno José Miguel Insulza, los ingresos anuales por las ventas de drogas ilícitas en América ascienden a 150 mil millones de dólares. El mayor mercado es Estados Unidos, pero las peores consecuencias del tráfico están al sur del río Bravo.
En el estudio se pone de manifiesto la necesidad de cambiar el foco desde la seguridad a la salud, para lo cual "la despenalización del consumo de drogas debe ser considerada en la base de cualquier estrategia de salud pública".
La región
La región de Antofagasta es una de las con mayores problemas de drogas en el país, una consecuencia de estar en medio de la ruta entre las zonas productoras y los mayores mercados.
Por ejemplo, el año recién terminado ingresaron (entre enero y noviembre) 1.674 causas por consumo o porte de drogas al tribunal de garantía de Antofagasta, mientras que por tráfico hubo 353. Es decir que por cada detenido por tráfico hay 4,7 detenidos por consumo o porte. Aunque estos últimos generalmente reciben una multa, los números dan cuenta que la persecución termina perjudicando mayormente a los consumidores, no a los traficantes.
La defensora regional, Loreto Flores, manifiesta que la Ley 20.000 "definitivamente no es una ley amigable" e incluso se ha visto en la práctica que la población de menos recursos económicos es la más propensa a ser detenida por consumo o porte, a pesar de que el consumo de drogas se da de manera transversal en la sociedad. "Siempre carabineros va a hacer una selección de a quién controla y a quién no. En esa selección surgen discriminaciones, más jóvenes, más desordenados, en sectores poblacionales... gente en condición de calle, por ejemplo, puede ser detenida varias veces, se convierte en un cliente frecuente".
Según la abogada, la ley 20.000 es fuertemente sancionatoria y es clara, pero no es coherente. "La ley estableció que el consumo en la medida que sea privado e individual, no iba a ser sancionado. Si se permite el consumo personal, la persona debe adquirir la droga o producir vía autocultivo. Pero si se consume en un grupo de amigos en una casa y por algún motivo entra carabineros, se produce una falta. En lugares fuera de nuestra casa también es considerada falta y portar droga, aunque vayas de camino a tu casa, también es sancionado. Esto es incoherente. Si la facultad de consumir no es sancionada por la ley, la facultad de portar tampoco debería ser sancionada".
Desigualdad ante la ley
El psicólogo Paulo Egenau, director ejecutivo de la Fundación Paréntesis, explica que desde el año 2.000 están planteando que el enfoque contra las drogas debe ser lo más alejado de lo penal posible en cuanto a los consumidores. "Seguimos sosteniendo hoy que la Ley 20.000 tuvo un gran error al no tipificar los montos que separan un porte para consumo personal y uno por microtráfico. Los jueces, como todo ser humano, funcionan con un porcentaje importante de prejuicios en sus vidas y advertimos que lo que iba a ocurrir por ese vacío legal es una odiosa y desigual distribución del castigo".
Según Egenau, hay un sesgo socioeconómico en las detenciones y sanciones por consumo, "pues la mayoría de los detenidos (por consumo o porte) son personas que pertenecen a los sectores más pobres de la sociedad. Eso no es porque los pobres consuman más droga. De hecho, el consumo de marihuana tiene mayor prevalencia en comunas más ricas".
Para la fundación Paréntesis, se debe apuntar a una despenalización de todas las drogas. "Tal como recomendó el informe de la OEA, el adicto es un enfermo crónico que no debe ser castigado por su adicción, sino tratado adecuadamente. Más tratamiento y menos cárcel... hay regiones en nuestro país, como la de Atacama, donde sólo hay un programa residencial. Nuestro planteamiento es avanzar a la despenalización y no sólo de la marihuana, pero desafortunadamente, por grupos que tienen mayor capacidad de influencia, mayor poder comunicacional, el debate del parlamento se marihuanizó, quedando fuera del debate otras drogas que afectan a poblaciones mucho más vulnerables".
En el otro lado de la discusión parece estar Senda (Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol). El director regional del organismo Alejandro Aguirre, argumenta que flexibilizar el acceso a las drogas puede generar un incremento de los gastos de salud y que la mayoría de las personas perjudicadas por el consumo son los más vulnerables. "Cuando está en discusión una ley tan importante como la 20.000, hay que abrirse a ella, pero tener una posición categórica. Como Senda no estamos de acuerdo en la legalización de la marihuana por las consecuencias y lo que dice la experiencia mundial y la sociedad científica".
Latinoamérica
Después de la despenalización en Uruguay y los estados norteamericanos de Colorado y Washington, otros países de la región también comenzaron a replantearse si la criminalización de las drogas ha sido la vía correcta. Entre ellos hay dos naciones que han sufrido con sangre las actividades del narcotráfico: Colombia y México.
En el caso mexicano actualmente entró a discusión del congreso la eventual legalización de la marihuana con fines terapéuticos y recreativos. El presidente de la Cámara de Diputados de ese país, Jesús Zambrano, manifestó a los medios mexicanos que es un tema "de interés general para el país" que no podía seguirse postergando, sobre todo después que la Corte Suprema avalara el uso recreativo de la marihuana en favor de cuatro particulares.
"Está claro, desde nuestro punto de vista que la política prohibicionista y la violencia que se quiso atajar cuando se avanzó de una manera más frontal en el combate al crimen organizado vinculado con el uso y tráfico de estupefacientes, no ha rendido los frutos que se había pensado desde el principio. Entonces, tenemos que abordar el tema desde distintos puntos existentes en la sociedad para ver lo que tiene que ver con la producción, consumo, control, vigilancia, y que -al mismo tiempo- hagamos una contribución a reducir los índices de violencia vinculados con el tráfico de estupefacientes", dijo el legislador.
En Colombia también se está dando un debate inédito en torno a la despenalización de las drogas y por las mismas razones que en México.
El periodista Camilo Jiménez de la revista Semana, una de las más importantes del país cafetero, explica que "se ha pasado del clásico enfoque subordinado a la doctrina norteamericana en que producción y consumo deben ser prohibidos por igual y, por ende, el consumo es visto como un problema de orden público, a la visión más liberal de diferenciar entre producción y consumo: la producción permanece como un asunto de seguridad y se combate y castiga desde lo penal, mientras que el consumo es un asunto de salud pública".
Jiménez agrega que el actual presidente colombiano Juan Manuel Santos no habría podido dar estos pasos, sin contar con el guiño del presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Con lo anterior, "Santos le ha dado a su ministro de Justicia la tarea de asistir a cuantos foros y conferencias haya sobre el tema para decir que Colombia considera que la guerra contra las drogas es absurda y que la legalización debe ser considerada, pero que sólo puede ser el resultado de un consenso global".
Actualmente en Colombia es legal portar pequeñas dosis de marihuana, una solución que muy probablemente sea considerada en Chile en la discusión de la polémica y, considerada por muchos, ineficaz Ley 20.000.
La "incoherente" Ley 20.000
Aprobada en 2005, la ley 20.000 reemplazó a la ley 19.366. Uno de los objetivos era diferenciar el microtráfico del tráfico, pero según un informe del Departamento de Evaluación de la Ley de la Cámara de Diputados, entregado en 2014, la normativa tiene serias deficiencias. Por ejemplo, permite el consumo privado personal de drogas, pero sanciona las conductas que permiten su obtención. Además, "no existe uniformidad en la aplicación de las normas, lo que provoca un clima de inseguridad jurídica en relación al consumo". Tampoco hay un criterio que permita diferenciar claramente entre microtráfico y tráfico.
13% de las causas que ingresaron al tribunal de garantía de Antofagasta entre enero y noviembre de 2015, se relacionaron con drogas. Las causas por consumo y porte incluso superaron a las por hurtos.
2015 año en que se discutió largamente la relación de la marihuana en el país. Si debe despenalizarse su consumo o, en su defecto, todo continuar status quo.
20.000 ley que en el año 2005 reemplazó a la existente hasta esa fecha, la que no hacía una diferencia real entre lo que era el tráfico y el microtráfico de drogas.
Redacción
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