Fiscalía oficializa acuerdo con imputados para cerrar indagatoria por caso Tsunami
PROCESO. Las condiciones establecidas por la justicia incluyen indemnizaciones de un total de $ 240 millones.
Los seis acusados en el denominado caso Tsunami aceptaron las condiciones impuestas por la Fiscalía para cerrar un acuerdo y de este modo suspender el proceso en su contra.
Las tratativas, que comenzaron en febrero, concluyen cinco años después de iniciada la investigación, tras la fallida alerta de maremoto emitida luego del megasismo registrado en la zona centro sur del país el 27 de febrero de 2010.
Fuentes citadas por Emol señalaron que el ex subsecretario del Interior Patricio Rosende deberá pagar $ 80 millones.
En tanto, la ex directora de la Oficina Nacional de Emergencias (Onemi), Carmen Fernández, cancelará $ 40 millones. Las indemnizaciones alcanzan un total de $ 240 millones, dinero que se utilizará para analizar un nuevo sistema de protección civil.
Los otros acusados son Johaziel Jamett, ex jefe del Centro de Alerta Temprana de la Onemi y Andrés Enríquez, ex jefe de operaciones del Servicio Hidrográfico y Oceánico de la Armada (SHOA). A esta misma institución pertenecieron Mariano Rojas (ex director) y Mario Andina (ex oficial de guardia).
Sin embargo, el acuerdo debe ser ratificado el 14 de marzo, en el inicio de la audiencia de preparación de juicio oral.
Carlos Fairlie, uno de los abogados querellantes, anunció que rechazará esta salida alternativa. "Como lo he plasmado desde un comienzo, esto fue un acuerdo a espaldas de las víctimas y desde esa perspectiva no podemos estar conformes con algo que ni siquiera fue comunicado en su oportunidad", expuso el profesional a radio Cooperativa.
En respuesta a las críticas de la parte acusatoria, el fiscal regional Occidente, José Luis Pérez Calaf, expresó al entregar los detalles del acuerdo que "exponer a un año más de juicio a las víctimas es aumentar su dolor. La sanción penal no siempre soluciona un conflicto de este tipo".
"Gracias a la investigación acuciosa y profunda que se realizó en torno a este caso, se pudo alcanzar a la convicción de la ocurrencia de ciertos hechos que se consideró necesario someter al conocimiento de un Tribunal, lo que no se contradice de manera alguna con la posibilidad de una solución no exclusivamente penal, tal como lo contempla nuestra legislación", remarcó Pérez.