Como indicara la propuesta que, junto al Senador Alejandro Guillier, presentáramos a las autoridades del Departamento de Extranjería con miras a la nueva Ley de Migraciones, el principal objetivo que debemos buscar como país es lograr una migración segura. Y entendemos por tal la creación de las condiciones en cuya virtud es posible que los migrantes desarrollen su plan de vida en nuestro país, con respeto a la normativa legal. Hoy, ésta es claramente insuficiente y con una mirada que no dialoga con nuestro tiempo.
En aras de lograr una migración segura, es importante poder contar con herramientas que permitan el ingreso ordenado de migrantes al país y que, a la vez, desincentiven la migración al margen de la legalidad. Mayor control no significa cerrar fronteras, sino que manejarlas de forma inteligente, dándole al Estado la posibilidad de realizar sus labores con mayor eficacia, administrando los flujos migratorios, permitiéndole tener adecuada información sobre ellos, diseñar las políticas públicas que se requieran y, cuando sea necesario, dirigir dichos flujos para el beneficio del país. Por otro lado, la adopción de instrumentos internacionales que operen como marco mínimo en las relaciones multilaterales regionales son garantía no solo de un mejor y mayor entendimiento con nuestros vecinos, sino que también de marcos jurídicos, internacionales e internos más claros y que proveen de estatutos de derechos y obligaciones para los migrantes.
En este sentido, resulta importante poder contar con herramientas como el Acuerdo de Residencia del Mercosur, Bolivia y Chile, el que si bien avanza en la apertura de opciones y condiciones de visas de residencia, tanto para nuestros nacionales en otros estados, como para migrantes en el nuestro, garantiza que nuestro Estado podrá tener control sobre los ingresos y visados, y rechazarlos cuando sea necesario, en un equilibrio adecuado entre integración regional y seguridad interna.
Este acuerdo, sin embargo, pese a estar firmado por Chile, no ha entrado en vigencia pues se necesita que el Gobierno decida enviarlo al Congreso Nacional para su aprobación. La Contraloría General de la República indicó que tal era el camino a seguir y ahora solo queda esperar que el Gobierno demuestre su compromiso por una mejor y más segura migración que no es más que trabajar para una mejor calidad de vida para los habitantes del país.
Paulina Núñez Urrutia,
Diputada