Justicia proyecta la nueva cárcel para Calama recién para el 2022
SUBCOMISIÓN. Cartera establece además un cronograma de avances del proyecto del penal que tendrá 37 mil metros cuadrados y un costo de $99 mil millones.
A través de un cronograma la subsecretaría de Justicia respondió a la solicitud de la Tercera Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos del Congreso Nacional, en relación a la inquietud del senador Pedro Araya (miembro de ésta) de conocer detalles sobre el proyecto de un nuevo recinto penitenciario para Calama, el cual establece que el penal no estará construido sino hasta el año 2022.
"Durante la discusión de la Ley de Presupuesto le pedimos al ministerio de Justicia clarificar los plazos y los montos para la construcción de la nueva cárcel para Calama. Estamos muy conscientes de los problemas de seguridad que le significan a la ciudad tener al recinto penal en pleno centro. Sin perjuicio de ello hemos solicitado poder acortar plazos y contar con este recinto antes de lo programado", dijo el senador Pedro Araya sobre este tema.
Cronograma
En respuesta a la solicitud hecha por la subcomisión, la subsecretaría de Justicia establece que al 2017 se deberá obtener la resolución social favorable (RS) a la etapa de diseño, llamando también a su licitación y consultoría.
Para el 2018 la cartera proyecta el término de la consultoría de diseño y posterior obtención de la resolución social favorable a la etapa de ejecución de este.
Según el oficio enviado desde Justicia a los parlamentarios solicitantes, se establece que al 2019 el proyecto deberá contar con el llamado a licitación de las obras del nuevo penal, con un plazo de 25 meses de ejecución.
El 2021 se deberían terminar las obras y la recepción de estas, para comenzar a operar al 2022 en el terreno que se ubica a unos tres kilómetros al este de Calama, siguiendo la ruta 23CH.
Esta respuesta entregada a la Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos del Congreso Nacional establece también que el recinto tendrá una dimensión de 37 mil metros cuadrados y un costo aproximado de 99 mil millones de pesos.
El lugar, donde se emplazará la unidad, hace posible la obtención de suministro de agua potable y de energía eléctrica, esto último debido a la cercanía que tendría el recinto con una planta fotovoltaica San Pedro 3.
Además, tendrá una capacidad para 980 internos, casi dos veces más la cantidad que presenta y alberga el actual Centro de Detención Preventiva (CDP) que se encuentra emplazado en la avenida Granaderos, pleno centro loíno.