Mabel González / Agencias
Perú ofreció ayer una fuerte recompensa para capturar al ex Presidente Alejandro Toledo (2001-2006) y presionó a la Interpol para lanzar ya una orden de busca y captura internacional en su contra que permita su regreso al país, en donde cada vez tiene menos amigos para afrontar a la justicia.
Estas fueron las primeras consecuencias de la orden judicial dictada el jueves para la prisión preventiva de Toledo, acusado de lavado de activos y tráfico de influencias por recibir supuestamente US$ 20 millones en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, para favorecer sus negocios en el país.
Gesto simbólico
En un gesto de alto contenido simbólico, el Ministerio del Interior colocó al ex Presidente en la lista de los delincuentes más buscados y puso una recompensa de 100 mil soles (cerca de $ 20 millones) para cualquier información que conduzca a su localización y captura.
"El Ministerio del Interior puso ya la alerta roja y la oferta de recompensa por 100 mil soles, la más fuerte que hemos puesto desde que estamos en el Gobierno, para cualquier persona de cualquier país del mundo que nos dé información sobre dónde se encuentra Toledo", indicó el ministro del Interior, Carlos Basombrío, al Canal N.
La intención del Ministerio es la de "ubicar hoy" al ex gobernante, que se encuentra fuera del país, y para ello Perú está presionando a la Interpol para que, "dada la gravedad del caso", se avance en activar la alerta roja internacional.
Para que no quedara duda de la voluntad para capturar al ex Mandatario, la ficha con la foto y el prontuario de Toledo, así como la cuantiosa recompensa, ya figura en el sitio web del Ministerio junto a la de otros prófugos.
Proceso "histórico"
El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, consideró "histórico" el proceso contra Toledo, al ser "la primera vez que, bajo las normas del debido proceso, se investiga a un alto ex funcionario del Estado y se culminó con una decisión de prisión preventiva por parte del Poder Judicial".
La justicia consideró el jueves que existen evidencias suficientes para arrestar a Toledo y mantenerlo 18 meses en prisión preventiva por supuestamente haber favorecido a Odebrecht en la licitación de la Carretera Interoceánica del Sur, a cambio de sobornos depositados en un entramado de empresas "offshore".
La captura y encarcelamiento preventivo serían necesarios, según el juez, porque Toledo no tiene arraigo en Perú -trabaja como investigador en la Universidad de Stanford (EE.UU.)- y no ha demostrado intenciones de regresar al país desde que se conocieron las confesiones de los directivos de Odebrecht, que lo implicaron en los sobornos.
Ahora se estima que Toledo se encuentra en Francia, donde conoció las confesiones de los directivos de Odebrecht, y no regresar a Perú fue el consejo de sus abogados. Tanto Heriberto Benítez, un polémico ex diputado que asumió su defensa, como Paolo Aldea, otro de sus abogados, y Javier Valle Riestra, su ex abogado, sugirieron por distintas razones a Toledo que no regrese al país.
Valle Riestra indicó que Toledo debería aprovechar la ascendencia judía de su esposa, Eliane Karp, y refugiarse en Israel, donde consideró que sería más difícil extraditarlo. La prensa también especula que podría ir a EE.UU., donde no existe el acuerdo con la Interpol, y donde una hipotética extradición implicaría otros procedimientos legales.
"No existe una persecución política"
La argumentación de una persecución política en contra de Toledo, esgrimida por su abogado Heriberto Benítez, fue desmentida ayer por la ministra de Justicia, Marisol Pérez, quien apuntó que "no existe una persecución política cuando una persona ha tomado la decisión de aceptar un soborno". "Eso no es persecución política. Acá y en la China eso es asumir las consecuencias de sus actos, así que venga y responda por sus actos", expresó la ministra en declaraciones a la prensa.
