Demandas laborales por $600 millones enfrenta el municipio
PROCESO. Juzgado de Letras del Trabajo de Calama comenzó a dictar sentencia a favor de los trabajadores desvinculados. En tanto concejales evalúan acusación contra el alcalde Daniel Agusto por poner en riesgo el patrimonio municipal.
El Juzgado de Letras del Trabajo de Calama comenzó a dictar sentencia sobre las demandas interpuestas por extrabajadores, en contra de la Municipalidad de Calama. El tribunal acogió los recursos y ordenó al municipio calameño cancelar la totalidad de los dineros solicitados.
De los casos resueltos por el tribunal -en primera instancia- destaca el de funcionarios de diversas reparticiones municipales y que en total superan los $50 millones.
Uno de los argumentos presentados por los demandantes, es que la modalidad de contrato por la que fueron contratados, obedece a honorarios, sin embargo, en la práctica existe subordinación y dependencia, dos elementos claves para demostrar que este tipo de vínculos traspasa la normativa laboral vigente.
Para la abogada Katherine Valle y quien también patrocina algunas de las demandas, esta primera sentencia está en línea con la visión que tienen hoy los tribunales superiores del país. Esto bajo el concepto de jurisprudencia.
"Esto quiere decir que la Corte Suprema entiende que los contratos a honorarios, que infringen la normativa, deben ser sancionados. Es decir, se desconoce un vínculo a honorarios, cuando se dan ciertas condiciones y por tanto, los tribunales están fallando a favor de los trabajadores", comentó.
Actualmente la municipalidad está presentando recursos de nulidad sobre las sentencias emanadas por el tribunal. Esto debe ir a la Corte de Apelaciones y de ser requerido a la Corte Suprema. Sin embargo, para la abogada, esta es sólo una forma de dilatar los pagos, ya que la postura de la Corte Suprema es clara y dicta jurisprudencia sobre los contratos a honorarios.
"No sé cuál será la estrategia del municipio, pero la verdad es que al final los tribunales superiores deberían mantener este dictamen de pago", explicó Valle.
Patrimonio
Una postura similar es la que comparte la abogada y también concejal de Calama, Carolina Latorre. La profesional coincide en el principio emanado por el máximo tribunal del país y es más explica que es probable que el municipio deba cancelar los más de $600 millones demandados por los extrabajadores.
"El panorama se presenta complejo. Yo misma lo comenté cuando esto ocurrió, que me parecía que esto era un daño tremendo para el municipio, toda vez que se tiene que cancelar una gran cifra y al mismo tiempo se recontrató personal en los cargos de personas que fueron despedidas. Además desde el punto de vista legal, se apreciaba esta situación. No sé cuál es el camino que tomará el municipio, que tal vez debería buscar desde ya acuerdos con los demandantes", aclaró Latorre.
De esta manera se configura un nuevo escenario, ya que de ratificarse la sentencia por parte de los tribunales superiores, la concejal explica que se pone en riesgo el patrimonio municipal y se configura la moción de un notable abandono de deberes, por parte del alcalde Daniel Agusto.
"Esta concejal tendrá que evaluar una acusación ante los organismos que corresponda. Sobre todo porque lo advertí. Estoy preocupada, ya que no hay recursos en el municipio y según la ley, hasta se podría recurrir al embargo de bienes", aclaró.
Situación económica
Una visión similar mantiene la concejal Dinka López, que asegura que el tema se le fue de las manos al municipio. Al igual que Carolina Latorre, estudiará reunirse con otros concejales para evaluar alguna medida sobre el tema.
"De acuerdo a lo que he leído, el detrimento y el no pago de las cotizaciones es una de las causas graves de los funcionarios municipales, lo que configura notable abandono. Voy a plantearlo a los concejales, ya que aún no sabemos cuáles son las condiciones económicas del municipio y eso me perturba demasiado. Principalmente por lo que viene de aquí en adelante", aclaró la edil.
De la misma forma el concejal José Mardones dijo que está en conocimiento de las demandas y las sentencias. Además sostuvo que está esperando la resolución final de los tribunales superiores.
"El alcalde mantiene una visión súper tozuda sobre este tema, donde se vulneró el derecho de los trabajadores. Hay que esperar para ver que ocurre con las demandas y de acuerdo a ello accionaremos", manifestó.
En tanto, desde el consistorio la administradora municipal, Tamara Aguilera, manifestó que "son sentencias de primera instancia respecto de juicios entablados contra el municipio por personas a honorarios. Como ente público, nosotros vamos a llegar a la última instancia judicial con cada una de las demandas, ya que no reconocemos un vínculo laboral y nos guiamos por el principio de legalidad, que nos prohíbe contratar personal por Código del Trabajo para el tipo de prestaciones que se reclaman en estas causas".
Contratos honorarios
La gran problemática que se plantea hoy, tiene que ver directamente con los contratos a honorarios.
Según el director regional del Trabajo, Rubén Gajardo existen ciertos principios de la legalidad laboral, que diferencian los vínculos posibles entre una empresa y un trabajador.
"Para que un contrato a honorarios deje de mantener esta figura, se tienen que dar los principios de subordinación y dependencia. Esto es que se cumplan horarios, e instrucciones y que exista una fiscalización superior inmediata. Tradicionalmente al tratarse de funcionarios municipales la Dirección del Trabajo carece de competencia para fiscalizar. Por ello lo deben llevar al tribunal de la materia", explicó.
Con respeto a lo que ordenan los tribunales, la autoridad laboral comento que "hoy existe jurisprudencia uniforme de la Corte Suprema que señala que el contrato a honorario se rige por normativa propia, salvo que exceda las causales que el estatuto administrativo permite, que es labores transitorias o específicas. Si excede esto, la jurisprudencia de la Corte Suprema dice que es un 'falso honorario' y por tanto sigue otra línea de vínculo", agregó Gajardo.
Además sostuvo que existen figuras distintas en el sector público y privado. En el primero se regula con funciones específicas, en cambio el mundo privado, en el código del trabajo, no existe esta figura.
"Por eso que la ley laboral mira con tan malos ojos este tipo de contrataciones. En el mundo privado existe normativa. El problema es cuando no se cumple con ello", concluyó.
"El panorama se presenta complejo. Yo misma lo comenté cuando esto ocurrió, que me parecía que esto era un daño tremendo para el municipio, toda vez que se tiene que cancelar una gran cifra".
Carolina Latorre
Concejal"
"Para que un contrato a honorarios deje de mantener esta figura, se tienen que dar los principios de subordinación y dependencia. Esto es que se cumplan horarios, e instrucciones y que exista una fiscalización superior inmediata".
Rubén Gajardo, Director Regional del Trabajo"