Ley Reservada del cobre: Derogación necesaria
Es fundamental que Chile pueda avanzar en este ámbito y actualizar su legislación.
La semana recién pasada ingresé junto a otros colegas parlamentarios un proyecto de ley que pretende derogar la llamada ley reservada del cobre.
La ley 13.196 dictada en 1958, tiene como objeto destinar ingresos de la venta de cobre, por medio de la actividad comercial de la empresa estatal Codelco, para la adquisición de armamento por parte de las Fuerzas Armadas, con fines de defensa nacional. Específicamente el 10% del ingreso en moneda extranjera determinado por la venta al exterior de la producción de cobre, incluidos sus subproductos.
De acuerdo a las Memorias de Codelco, en un plazo de 10 años, desde 2004 a 2014, la cuprífera estatal transfirió US$ 11.726 millones al Fisco de Chile, para compras militares, lo que ha derivado en una difícil crisis económica que ha llevado a la empresa a endeudarse por medio de capitalización de sus activos.
Además de lo mencionado, el último tiempo se ha puesto en duda una vez más el mecanismo de financiamiento para las Fuerzas Armadas, particularmente cuando existen otras necesidades que requieren un desembolso importante de recursos fiscales y considerando que los grandes programas de compras militares, iniciados en la década pasada, ya se materializaron: aviones F-16, tanques Leopard, fragatas y submarinos Scorpene, entre otros.
En base a lo dicho, la idea principal del proyecto, es proponer la derogación de la ley reservada, como antesala y como presión para el establecimiento de un nuevo mecanismo de financiamiento de la defensa nacional y de los recursos que reciben las Fuerzas Armadas por dicho concepto, ya sea mediante la continuación de proyectos de ley que ya se encuentran en tramitación o a través del envío de una nueva iniciativa que regule la materia.
Es fundamental que Chile pueda avanzar en este ámbito y actualizar su legislación a los estándares internacionales, según lo señalado por el Consejo para la Transparencia y por la OCDE, en el contexto de modernización del Estado.
Tengo la convicción, aún cuando la admisibilidad de este proyecto está en discusión, que podremos retomar el tema en cuestión y dotar a nuestro país de un nuevo mecanismo para financiar la seguridad y defensa nacional, bajo los principios de transparencia, rendición de cuentas y probidad.