La Corte de Apelaciones ha dado un fallo que debe llevarnos a repensar con seriedad y responsabilidad lo que está ocurriendo en nuestra zona, respecto al uso de las aguas tantos superficiales y subterráneas que son utilizadas por el sector minero, y que después de tantos años de denuncias y alertas, existe un mayor grado de conciencia, que ésto está provocando efectos negativos en los recursos naturales que utilizan las comunidades desde tiempos remotos.
La Corte de Apelaciones rechazó el recurso interpuesto por una minera no metálica que solicitaba la constitución de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas en el pozo Flamenco -2 porque afectaría negativamente el sistema lacustre Aguas de Quelana, ubicado en la Reserva Nacional Los Flamencos, según informe de la DGA.
En esa zona, hay vegas y bofedales que se verían afectados y como consecuencia la flora y fauna del sector.
Frente a esta realidad que es avalada por científicos y ambientalistas, que han sido testigos cómo muchas zonas del norte que algunas vez fueron verde hoy se sumaron al extenso desierto que nos envuelve, es necesario buscar alternativas que no vayan en desmedro de nuestro frágil ecosistema.
La voz y la responsabilidad la tienen los parlamentarios y el Estado, que debieran buscar la manera de exigir que todos los proyectos mineros que se realizan en el país en zonas donde escasea el agua, utilicen, quizás con algún incentivo tributario, agua desalada o de mar para sus producción minera.
De esta manera estaríamos logrando con una mirada futurista el desarrollo minero sin afectar profundamente el entorno en que se encuentran ubicadas las mineras y sin perjudicar a las comunidades cercanas.
Este sería el mejor camino para seguir avanzando en políticas ambientales y a la vez no frenar la producción minera en la zona. Creemos que es posible una convivencia entre ambos sectores pero siempre que se considere con responsabilidad el ambiente, lo que no ha ocurrido hasta hoy.
Para ello, es necesario fortalecer las leyes del Código de Agua y las normas medio ambientales que rigen al país.