El municipio no reintegró a ex funcionarios tras cumplirse plazo
HECHO. Se trata de 7 extrabajadores a contrata que , según el dictamen de Contraloría, fueron despedidos ilegalmente. Ayer debían reincorporarse.
Cuando el 16 de agosto pasado la Contraloría ordenó al municipio de Calama reintegrar a siete exfuncionarios a contrata, cuyas desvinculaciones, a juicio del órgano fueron ilegales, estableció un período de 15 días hábiles para que ello se concretara.
Plazo que se cumplió ayer lunes, razón por la cual a las 8 horas, los siete involucrados llegaron hasta el departamento de personal del municipio en compañía de la concejal Dinka López, para saber cuál era su situación y en qué momento serían contratados.
Sin embargo esto último no sucedió puesto que, según informaron los afectados, la jefatura de dicho departamento aludió no tener ningún instructivo respecto a sus reincorporaciones.
Esta situación provocó la molestia de los afectados, quienes como primera medida acudieron a una notaría para hacer una declaración jurada de que ellos se presentaron a trabajar en la fecha estipulada.
Esto también causó incertidumbre entre los exfuncionarios, no sólo por el hecho de no saber cuando volverán a trabajar, sino que también porque el dictamen ordenó además el pago íntegro de sus sueldos de enero a la fecha, lo que tampoco se ha concretado.
Municipalidad
Al consultarle por este caso, la administradora municipal, Tamara Aguilera manifestó que ellos como municipio no reincorporarán a estas personas hasta que no hayan agotado todas las instancias legales que permitan revertir el dictamen de la Contraloría.
En este sentido dijo que para ello ya se presentó ante el órgano contralor regional un recurso de reconsideración y paralelamente, un recurso de reconsideración jerárquica que va dirigida a la Contraloría nacional. "Además de eso nos queda el último resguardo que vendría siendo un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones", confirmó.
Defensa
Según comentó Aguilera, las instancias presentadas por el municipio en la Contraloría provocan la suspensión de los efectos de la resolución emitida en agosto, lo que significa no reintegrar a los exfuncionarios "hasta que no resuelva nuevamente el mismo órgano o en este caso, también el superior jerárquico".
Esto fue desmentido por el abogado de los desvinculados, Rodrigo Poblete quien explicó que "las reconsideraciones no suspenden los efectos de un pronunciamiento por parte de Contraloría, o sea que la municipalidad está incumpliendo", comentó.
Dijo que lo que debería haber hecho el municipio es cumplir la orden de Contraloría, es decir reincorporar a los exfuncionarios y cancelarle los sueldos que se le adeudan y que el no hacerlo, "compromete la responsabilidad administrativa del alcalde".
Poblete agregó que a nivel administrativo lo único que existe es la posibilidad de solicitar la suspensión de los efectos del acto administrativo, "pero Contraloría no aplica eso porque ellos se basan en su ley orgánica para dictaminar, entonces no existe en esta materia este tipo de suspensión".
En cuanto a los pasos a seguir, Poblete dijo que ayer presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones.
Añadió que también van a dar cuenta ante la Contraloría de la situación, aunque precisó que lo más probable es el que el órgano contralor, al ver que se cumplió el plazo, solicitará información al municipio e incluso podría constituirse allí.
Finalizó que de verificar que no se han reincorporado a los trabajadores y no se les han cancelado sus sueldos, podría ordenarse otro sumario.
Concejales piden informe detallado
Un informe detallado sobre el curso de las demandas presentadas por extrabajadores a honorarios del municipio, los montos que deberán cancelar por concepto de indemnizaciones, qué recursos se utilizarán para ello, entre otros antecedentes solicitó la concejal Carolina Latorre al departamento jurídico de la casa edilicia. Estos últimos, representados por el asesor jurídico, Carlos Ávalos dijo que a la fecha no hay una cifra exacta respecto del monto que se deberá desembolsar. Sin embargo la concejal Latorre dijo que se estimaban en cerca de $650 millones, de los cuales sólo se han cancelado $25 millones.