Johanna González G.
La Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió el recurso de protección que presentaron los funcionarios a contrata que fueron desvinculados del municipio, ordenando su reincorporación.
El abogado que representa a los ahora ocho trabajadores, - ya que la Contraloría agregó uno más-, Rodrigo Poblete, expresó que era un fallo "totalmente esperado, porque es muy difícil que una Corte de Apelaciones falle en contra de un dictamen de la Contraloría, sobre todo porque esta obedece al cumplimiento de la función constitucional y legal que le compete".
Enfatizó en que la Contraloría no sobre pasó la facultad del alcalde, Daniel Agusto, "es más el dictamen 85.700 (sobre desvinculaciones a personal a contrata) señala claramente que las facultades de la Contraloría jamás han ido por menguar o mermar las que tiene la autoridad por nombrar o destituir a sus funcionarios, sino que simplemente el cómo tiene que ejecutarse".
En este sentido, Poblete dijo que el municipio se equivocó en la forma cómo despidió a estos trabajadores, "nada de esto hubiese pasado si hubiese fundamentado bien. Las razones que dieron para no renovar los nombramientos no eran demostrables, eran elementos que no se condicen con el dictamen 85.700 del 2016".
El abogado manifestó que la corte ordenó que deben ser reincorporados inmediatamente, pero "lo más probable es que la municipalidad insista en que tienen la razón y que quizá la Suprema revertirá esta situación, pero la sentencia debe cumplirse y cuando no sea así y cuando ingrese la petición a la Suprema voy a pedir una orden de no innovar para que sean reincorporados mientras se da la tramitación".
Asimismo, analizó que cómo pueden estar equivocadas la Contraloría y la Corte de Apelaciones y "la municipalidad de Calama no, siendo que en ninguna de las instancias ha podido demostrar eso y no tiene mayores elementos y antecedentes para revertir la situación".
Poblete precisó que este proceso ha sido bastante desgastante para sus defendidos, pero están confiados en que seguirán mostrando que tienen la razón en cuanto al despido.
Asimismo, recalcó que el municipio, de perder, deberá cancelar los sueldos de este año y las cotizaciones previsionales de cada uno de los trabajadores desvinculados.
Municipio
Por su parte, la administradora municipal, Tamara Aguilera, aseguró que apelarán a este fallo, "tenemos un plazo de cinco días y esto se presenta ante ellos mismos para que resuelva la Corte Suprema".
En tanto, agregó que como municipio "tenemos a resguardo la acción de presentar nosotros un recurso de protección en contra de la Contraloría, que es lo que vamos ha hacer ahora que salió su pronunciamiento. Lo estamos trabajando".
Con estas acciones, la administradora dijo que el proceso se extenderá dependiendo de cuánto demoren las cortes, "no podemos dar un plazo, pero podríamos estar unos dos meses".
Insistió que seguirán con las acciones legales, porque "existe jurisprudencia respecto a otras cortes de Apelaciones y Suprema que fallan a favor de las atribuciones del alcalde en esta materia y contra la Contraloría".
"Estamos esperando llegar hasta las últimas instancias, que en este caso es la Suprema, que son ellos los que unifican la jurisprudencia y determinan los lineamientos respecto a esta materia", agregó.
En cuanto a la reincorporación, argumentó que no lo harán porque complicarían más la situación sin saber el dictamen final de las instancias legales.
Aguilera comentó que de ganar en estas últimas instancias, los trabajadores no recibirán los dineros que se estiman y se cumpliría la desvinculación.
Mientras que en el caso que pierdan manifestó que "tenemos que pagar retroactivamente todas las remuneraciones correspondientes al período 2017 y reincorporarlos".
trabajadores recurrieron a la Contraloría por su despido, instancia que les dio la razón y agregó a otro funcionario. 7
millones de pesos se acumularon hasta agosto de este año en cuanto al pago a estos trabajadores, monto que se incrementa. 110