Johanna González G.
En abril de 2013 se comenzó a trabajar en la modificación del Plan regulador de Calama y a pesar que en mayo del año pasado llevaba cerca de un 90% de avance se encuentra estancado. El motivo de esto es la falta de la consulta indígena.
Por una parte está el municipio, el que de acuerdo a la administradora, Tamara Aguilera, licitará una empresa asesora para llevar a cabo la consulta y por otra están las comunidades que exigen que sus observaciones sí sean vinculantes y no sólo para responder a un requerimiento.
Municipio
Aguilera comentó que desde que asumieron la administración comunal han avanzado lento, porque el mayor problema que existe es precisamente la consulta indígena, porque "no hemos podido llegar a un buen acuerdo con las comunidades, las que quieren contar con una asesoría técnica externa que les permita conocer el plan regulador de una manera más objetiva".
En este contexto, argumentó que están en un proceso de llamado de licitación para encargar esta labor y "concretar el plan regulador, porque finalmente ellos sienten que el municipio no les ofrece una manera imparcial".
Dijo que deberán esperar lo que resulte de esta consulta, pues es lo único que falta de este proceso. "La licitación es para que una empresa externa trabaje en 120 días para lograr un resultado. Ahí nos van a decir en definitiva si lograron alguna respuesta por parte de las comunidades, porque de lo contrario existe la instancia que se lleva a cabo igualmente el plan regulador".
Precisó que como se ha dilatado tanto este tema, porque la última reunión que sostuvieron fue el primer semestre del año pasado, esta instancia sería la clave, siendo "la última para que las comunidades indígenas de Calama hagan un pronunciamiento. Ellos dicen que necesitan un organismo imparcial externo que los asesore y es lo que les estamos dando, por lo que esperamos que haya un pronunciamiento".
En tanto y si bien dijo no podía dar detalles del plan regulador, comentó que se siguió con lo que se venía haciendo de la administración anterior, "porque fue un trabajo bastante técnico, por lo tanto lo avalamos. Es bastante amplio, permitiendo que podamos tener un desarrollo más ordenado de la ciudad, pero también más sectorizado".
En este contexto explicó que dentro de los seccionales están las zonificaciones, que para este caso se pensaron "amplias, lo que permite que al haber un espacio público este se pueda convertir en un parque o una plaza, por ejemplo, porque da bastante amplitud".
Argumentó que la mirada que tiene es de una ciudad moderna, donde se descongestiona el centro y hay respeto efectivo para el oasis, "que es lo que quizá las comunidades indígenas no han comprendido, porque este plan viene a regular la edificación que se pueda hacer en los sectores que les pertenecen".
"Es un reclamo constante que se tiene de los sectores de Alto El Loa, el hecho que se edifica como se quiere y lo que hará el plano regulador es determinar cierta altura, con determinado material de revestimiento, lo que entre otros, permitirá que se mantenga el tema patrimonial y lo que el actual plan no ofrece", añadió.
Indígenas
Por su parte, el presidente de los Agricultores, miembro de la comisión de Resguardo de Sitios Arqueológicos y dirigente indígena, Esteban Araya, corroboró que el plan regulador está detenido por la consulta, pero explicó la molestia que existe por las comunidades.
"Con el exalcalde Velásquez tuvimos una reunión y dijo que se comprometía a considerar las observaciones que nosotros hiciéramos. Cuando asumió el nuevo alcalde, Daniel Agusto, también lo hicimos, hace un año, cuando comenzó el proceso de consulta y respecto a si con plan regulador eran vinculantes nos dijo derechamente que no y por eso que se entrampó", manifestó.
Argumentó que para qué se van a reunir nuevamente si en conclusión la opinión que ellos tengan no será considerada y "no se va a proteger a las comunidades indígenas dentro del área urbana", recalcó.
Araya puso como ejemplo el sector de La Banda, el que actualmente es víctima del actual plan "el que permite la construcción de moteles, hoteles y de un barrio industrial" y con las modificaciones que se pretenden hacer "bajarán de los 8% en cinco mil metros cuadrados a 8% en dos mil 500 metros cuadrados, entonces nos vamos llenar de parcelas de agrado en vez de proteger el Oasis".
Dijo que además de esto se pretende abrir una calle en "Miraflores que conecte con El Peuco, siendo que en ese sector hay personas indígenas, que siempre han cultivado la tierra y esto es llegar, pasar y expropiar".
Otro de los temas que causa preocupación entre las comunidades es el límite urbano poniente, el que actualmente llega hasta calle Yarur.
De acuerdo a las observaciones indígenas, se solicitó que este se redujera, "porque si permitimos que llegue hasta ahí, todo ese sector en unos años más se llenará de construcciones porque la normativa lo permite. En una primera instancia nos dijeron que no se podía, pero sabemos que hay casos en otros países que se ha visto este tema y lo han modificado para proteger las zonas agrícolas".
Respecto a Topáter, Araya comentó que no está incluido en la modificación del plan, a pesar que ellos también pidieron que se considerara.
"Desde el camino a San Pedro de Atacama hasta el norte queremos declararlo como un Bien Nacional Protegido, para resguardar los sitios arqueológicos y dejar el sector sur para que se expanda la ciudad y no se sigan comiendo el oasis", argumentó.
Esteban Araya recalcó que han estado esperando el pronunciamiento del municipio desde la última reunión el año pasado y "ver qué pasa, pero ocurre que el proceso de consulta también tiene plazos y puede que ya estén obsoletos".
En cuanto a ellos acercarse a discutir, dijo que "es difícil, porque muchas organizaciones que participamos en la consulta estamos cansados de siempre sentarnos a conversar y que nunca exista una real solución a las demandas de las distintas comunidades de los diversos sectores. La gente se cansa de reuniones sin consenso".
En tanto, aseguró que "es la autoridad la que tiene que ceder, nosotros no estamos dispuestos a hacerlo en las cosas que pedimos. De lo contrario vamos a seguir parando este proceso, porque vemos que los alcaldes no han considerado nuestras observaciones".
Un tema también a considerar es el convenio 169 de la OIT, el que fue ratificado y está vigente en Chile en cuanto al trato que se le debe dar a los indígenas.
En este marco, Araya dijo que "se puede utilizar, pero el Estado y por ende los municipios no han adecuado la normativa a este convenio, el que si es vinculante, aunque digan lo contrario".
El llamado dijo es "a hacer un plan regulador especial, donde se proteja a las comunidades y se llegue a un acuerdo. Pero no porque al municipio se le ocurrió hacer algo nosotros vamos a estar de acuerdo, porque hay una afectación directa a los agricultores e indígenas".
"Es la autoridad la que tiene que ceder, nosotros no estamos dispuestos a hacerlo en las cosas que pedimos. De lo contrario vamos a seguir parando este proceso".
Esteban Araya
Presidente Agricultores,, miembro de la comisión de Resguardo de Sitios Arqueológicos y dirigente indígena atacameño."
¿Qué es un Plan Regulador?
Según la Ley General de Urbanismo y Construcción, un plan regulador es un instrumento elaborado en base a un conjunto de normas sobre adecuadas condiciones de higiene y seguridad en los edificios y espacios urbanos y de comodidad en la relación funcional entre las zonas habitacionales, de trabajo, equipamiento y esparcimiento.
"La licitación es para que una empresa externa trabaje en 120 días para lograr un resultado. Ahí nos van a decir en definitiva si lograron alguna respuesta por parte de las comunidades, porque de lo contrario existe la instancia que se lleva a cabo igualmente ".
Tamara Aguilera, Administradora, Municipalidad de Calama"
73 millones de pesos se inyectaron en julio del año pasado al desarrollo del Plan Regulador de Calama. Estos dineros fueron aprobados por el concejo municipal.
90% de avance aproximado tenía en mayo del año pasado, siendo la consulta indígena el principal punto atrasado. Se hizo una reunión y hasta la fecha no han existido nuevos acercamientos.
169 es el convenio de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales. Es un tratado internacional que fue ratificado por Chile en septiembre de 2008, entrando en vigencia al año siguiente.