Délano y Lavín son condenados a libertad vigilada
CASO PENTA. Los ejecutivos deberán pagar $1.700 millones y tomar un curso de ética.
El Octavo Tribunal de Garantía de Santiago llevó a cabo ayer la lectura de sentencia del procedimiento abreviado por delitos tributarios en contra de los ex controladores del Grupo Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín.
La sentencia
A más de dos años de que los ejecutivos fueran formalizados por primera vez por el llamado Caso Penta y luego de que quedara excluido el delito de cohecho, ambos fueron condenados a cuatro años de libertad vigilada, el pago de $1.700 millones y el cumplimiento de un programa formativo sobre ética en dirección de empresas.
Dicho monto corresponde a la totalidad de lo eludido según el cálculo del Servicio de Impuestos Internos (SII), es decir la suma de $857.084.267 cada uno, tal como lo solicitó la Fiscalía en el acuerdo que alcanzó con la defensa de los ex controladores del holding, el que fue ratificado la semana pasada por el tribunal.
La multa debe pagarse dentro de los 30 días siguientes de ejecutoriada la sentencia.
Penas accesorias
A esas sanciones se suman las penas accesorias, con lo que Délano y Lavín quedaron inhabilitados de forma perpetua para ejercer derechos políticos y con la inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena. Ambos condenados serán sometidos a sujeción de vigilancia y residencia en lugar determinado.
El programa formativo que deberán cumplir tanto Délano como Lavín corresponde al plan de intervención a cargo del Centro de Reinserción Social de Gendamería.
Sin pago de costas
El tribunal eximió a los condenados del pago de las costas, ya que según señaló el juez, al aceptar el proceso abreviado y admitir los delitos por los que fueron reformalizados la semana pasada, posibilitaron un ahorro de recursos para el Estado.
Con esta sentencia, fue aceptado todo lo que fue solicitado por el fiscal regional metropolitano Oriente Manuel Guerra, quien tras reformalizar a los ejecutivos la semana pasada, dejó fuera el delito de cohecho y también al Consejo de Defensa del Estado (CDE) y a la Fundación Ciudadano Inteligente (CI) como querellantes de esta causa.