Recuperación de inmuebles fiscales puede dejar más de US$650 millones en la región
BIENES NACIONALES. Según los datos del ministerio los inmuebles ocupados ilegal o irregularmente son 1.156 en Calama, 138 en San Pedro de Atacama y 7 en Ollagüe.
US$650 millones podría dejar en la región la denominada "Operación Rescate" impulsada por el ministerio de Bienes Nacionales. Así lo aseguró el ministro de la cartera, Felipe Ward, quien cifró en 5.863 los inmuebles fiscales ocupados ilegal o irregularmente en la zona.
"Los números son alarmantes, son muchas las propiedades fiscales que están en manos de personas o empresas que no deberían estar. Para recuperarlas vamos a conversar con quienes las están ocupando e intentaremos llegar a un acuerdo para vender", explicó el exdiputado.
De no alcanzar un acuerdo con quienes están ocupando estos inmuebles -explicó el secretario de Estado- el gobierno procederá a través de las gobernaciones provinciales a iniciar los desalojos.
En Antofagasta la superficie fiscal alcanza las 9.563.968 hectáreas, equivalente al 75% del total de la región, lo cual explica -en parte- lo difícil que resulta su fiscalización.
"No sabemos aún cuánta es la superficie ocupada de manera irregular o ilegal en la región, la Seremi está trabajando en ese catastro, dado que esa labor de fiscalización no se había hecho y sólo la iniciamos en marzo cuando asumió este gobierno", precisó Ward.
En concreto, los datos con que ya cuenta el ministerio indican que de los 5.863 inmuebles ocupados ilegal o irregularmente en la región, 3.437 están en la comuna de Antofagasta, 1.156 en Calama, 897 en Tocopilla, 138 en San Pedro de Atacama y 137 Mejillones.
Las comunas de Sierra Gorda, Taltal, María Elena y Ollagüe suman 35, 29, 27 y 7, respectivamente. Las mayores superficies están ocupadas por empresas con fines comerciales o industriales, entre estas últimas predominan las faenas de extracción de áridos.
Recursos para la región
Lo interesante para la región de Antofagasta es que este plan de recuperación de terrenos puede dejar importantes recursos. Según la ley, el 65% del valor de las ventas de terrenos fiscales -al igual que las concesiones- quedan en la zona incrementando el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), 25% va al gobierno central y 10% queda en el ministerio de Bienes Nacionales.
"El avalúo fiscal de los terrenos ocupados supera los US$500 millones, pero vamos a vender según el avalúo comercial, que tranquilamente debe llegar a los US$1.000 millones", aseguró Ward.