Hacienda: impuesto verde no irá a zonas donde hay emisiones
PROYECTO. Subsecretario Moreno dijo que, sin embargo, "hay voluntad de diálogo".
El subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno, ayer se refirió a los ingresos obtenidos mediante el impuesto verde a las industrias, calculado sobre la cantidad de emisiones al medio ambiente. Consultado sobre si estos fondos podrían ser recibidos directamente por las zonas afectadas, Moreno afirmó que eso "no está considerado" en el proyecto del Gobierno.
"Eso técnicamente no está considerado en el proyecto de ley presentado en el Congreso", dijo el subsecretario a Radio Bío-Bío, ya que las empresas contaminantes tributan en Santiago, sin existir una retribución directa a las zonas afectadas por las emanaciones industriales, como Quintero y Puchuncaví (Región de Valparaíso), o Coronel (Biobío).
"Sin prejuicio (de esto), el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, ha señalado que hay voluntad de diálogo, específicamente respecto a las materias que dicen relación con las ideas matrices del proyecto, por lo tanto, en su mérito y en su momento, habrá que ver qué medidas pueden incorporarse adicionales a la ya planteada y otras que, evidentemente, tendrán que esperar para un próximo ejercicio legislativo", sostuvo Moreno.
Seguridad
El abogado dijo que el impuesto verde a fuentes fijas de emisión, cobrado por primera vez este año, recaudó más de $131 mil millones, a través de una conversión que funciona, por ejemplo, pidiendo US$ 3.289 por cada tonelada de CO2 emitida.
Moreno afirmó que es una cifra relevante, pero el sistema -dado su reciente estreno -requiere ajustes: "Como Gobierno estamos abiertos a tener un diálogo fructífero que nos permita tener una buena norma de impuesto verde y, de este modo, cuidar nuestro medio ambiente pero al mismo tiempo dar seguridad y certeza jurídica a las empresas que lo pagan, porque es la manera en que corresponde que funcione el sistema tributario de nuestro país".
Por esto, se incluyó en el proyecto de modernización tributaria una modificación para hacer aún más exigente la medición ambiental, eliminando que el requisito para su cobro sea que la potencia térmica instalada ascienda a 50 megawatts. Esto busca terminar con posibles inequidades cuando existen emisiones de carácter estacional.