Pablo Orellana G.

El problema que evidenciaron los ediles fue que en el proceso en que la empresa que se adjudicó la licitación -Terranort- no habría entregado dentro de sus propuesta la acreditación financiera (flujos de dinero que manejan), lo cual motivó discrepancias entre los asistentes a la sesión de ayer del Concejo Municipal.

Licitación

Dentro de las empresas participantes fue la iniciativa propuesta por la empresa local Terranort la que se adjudicó las obras para arreglar y devolver 17 dispositivos al trabajo de la Central de Comunicaciones de Carabineros y tendrá un plazo de 50 días corridos apara efectuar las obras que tendrán un costo total de $44 millones 732 mil 55 pesos.

Con esta aprobación la ciudad contará, una vez arregladas y enlazadas a Cenco, un total de 20 dispositivos que irán directo beneficio de la labor policial no sólo en el sector centro, sino que en puntos como las poblaciones Gustavo Le Paige y Gladys Marín, así también en la calle Santa María, donde cumplirán labores de monitoreo y disuasión del delito, como parte de los puntos de mayor actividad delictual que ha advertido la institución.

Dentro de la remodelación de las cámaras, se les devolverá no sólo la operatividad, se mejorarán las características técnicas -la mayoría sin cableado-, y con alta resolución, permitiendo a quienes monitoreen un hecho ilícito la posibilidad de hacerlo con amplias panorámicas y que incluso permitirá que procedimientos policiales puedan ser utilizados como medio de prueba para el Ministerio Público en su misión de perseguir hechos delictuales.

Desde Carabineros comentaron que la aprobación de estos recursos para las mejoras de los dispositivos "mejorarán sin dudas la labor preventiva de la institución al mismo tiempo que esperaban contar con estos para efectuar labores que agilicen procedimientos y den respuesta a los hechos que a diario debe atender la institución".

La concejala Dinka López, quien votó en contra de esta aprobación, explicó su parecer "puesto que no contar con la acreditación financiera podría generar algún foco problemático de los otros oferentes. Pero en ningún caso estoy en contra de la aprobación de estos recursos, porque me parecen importante para la seguridad ciudadana y para el trabajo policial. Ante todo fue una negativa a la forma, más que a l fondo del tema", dijo.

En total fueron 50 millones de pesos los que fueron transferidos por convenio al municipio desde la subsecretaría de Prevención del Delito para el arreglo de las cámaras, de los cuales $44 millones y fracción corresponden al gasto total para estas mejoras, mientras que los restantes ($6 millones) corresponden a los profesionales que efectuaron y diseñaron el proyecto.

Aprobada la asignación de recursos, más los 50 días para las mejoras se espera que estos dispositivos estén listos para su entrega a fines de año.

Tras una áspera discusión el Concejo Municipal decidió por cinco votos a favor y tres en contra aprobar la asignación de 44 millones de pesos para la remodelación de 17 cámaras de televigilancia que son operadas y utilizadas por la Central de Comunicaciones de Carabineros (Cenco).

L a Corporación Municipal de Desarrollo Social (Comdes) efectuó un llamado a padres y apoderados de los distintos establecimientos de educación municipalizada a reforzar las conductas preventivas al interior de escuelas y liceos locales a fin de evitar la ocurrencia de accidentes como el que afectó a un niño de la escuela Vado de Topáter.

El director de Educación de Comdes, Eduardo Soto, comento que "primero que todo, cuando ocurre un accidente escolar, se tiene que hacer la atención médica al menor, que es prioritaria y luego, todos los trámites administrativos que son las pólizas y el tema estadístico. También se debe hacer el seguimiento de cada uno de los casos. De acuerdo a los seguimientos, se van evaluando constantemente nuestros procedimientos, para también disminuir los tiempos de espera y cómo apoyar a los padres, madres y apoderados en alguna situación difícil cuando sus hijos están involucrados en alguno de los accidentes", dijo el profesional sobre estos hechos. Desde la Comdes reforzarán este tipo de llamados que apuntan a que niñas y niños no asuman conductas peligrosas tanto en aulas como en instalaciones educativas con el objetivo que no se vuelvan a repetir accidentes.

Comdes cuenta con una unidad de Prevención de Riesgo y son ellos los que están haciendo constantemente visitas a los establecimientos para hacer las evaluaciones correspondientes, ellos son quienes hacen las sugerencias y modificaciones necesarias para evitar situaciones de riesgo de los niños en los establecimientos educacionales. Ellos también manejan los protocolos y las acciones a seguir en cada uno de los casos.

La tarea para resguardar la integridad física de los menores es clave desde el hogar, donde los menores también deben recibir instrucción y educación preventiva ante este tipo de situaciones.

años tiene el menor que sufrió el accidente en la escuela Vado de Topáter la semana pasada. 10

Tras dos meses en que los profesionales trabajaron 'ad honorem', el Concejo Municipal aprobó el convenio que obliga al consistorio a entregar $75 millones de pesos al convenio, mientras que por contraparte el Sename aportará otros $93 millones.

Sobre el convenio el encargado de la Infancia y Familia de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco), Alejandro Quezada explicó "los menores beneficiarios de esta oficina no han dejado de recibir asistencia y tampoco los procesos en los que están siendo guiados y acompañados pro los profesionales, a quienes tampoco se les adeudan sus remuneraciones. Más bien se ha comenzado a regularizar sus sueldos debido a que por estos meses no contábamos con el convenio, lo que impedía entregarles sus correspondientes remuneraciones", dijo el profesional.

En total son 12 los profesionales que comenzarán a percibir la totalidad de sus remuneraciones y que trabajan con una plaza de 3 mil 600 cupos, "tratándose de niñas y niños que se han favorecido de los programas intersectoriales que ofrece Dideco, y que precisó no están todos bajo medidas cautelares o en procesos en el Juzgado de Familia. Gran parte de ellos participa en diferentes aspectos de la oferta y no están necesariamente padeciendo alguna vulneración", precisó Quezada.

No obstante la concejala Carolina Latorre fue crítica en la demora de la firma del convenio y mencionó que "esto es parte de la negligencia con que se toma la administración municipal el futuro y sobre todo el presente de niños y niñas vulneradas. Por una parte se efectúa una gran fiesta para conmemorar su día, pero para temas relevantes y que necesitan de nuestro apoyo se dilatan este tipo de convenios que podrían tener impactos negativos en los beneficiarios adscritos a la OPD", dijo la edil sobre este retraso.

Luego de que expirara el convenio entre el Servicio Nacional del Menor (Sename) y la Municipalidad de Calama, se reactivó el acuerdo que por un año más permitirá que profesionales de las áreas sociales que prestan servicios en la Oficina de Protección Infantojuvenil (OPD) continúen con su trabajo y sobre todo con los procesos que acompañan a niñas y niños que han sufrido algún tipo de vulneración.