Para impulsar la cooperación público - privada en materia penitenciaria y de reinserción social, es preciso que como sociedad nos demos cuenta que la reinserción social, es un camino eficaz para mejorar la seguridad ciudadana, para dar oportunidades a quienes no las han tenido y en definitiva para construir una sociedad más humana. Pero también tenemos que entender que no es solo una tarea de los funcionarios e instituciones públicas sino que también de todos los ciudadanos.
Para el éxito requerimos una alianza público - privada en donde todo el sector público esté coordinado, porque requerimos apoyos de distintas instituciones, ya sean públicas y privadas que ayuden a la reinserción y después, de la empresa privada, para que la capacitación tenga pertinencia laboral y se les ofrezca trabajo, comprometiendo al mundo privado a darles oportunidades laborales.
Es preciso comprometerlos a todos a un trabajo de reinserción para lograr más seguridad pública. Creemos que este es un paso muy significativo, un compromiso de lograr otros niveles de tranquilidad ciudadana, de mayor seguridad pública.
Se han realizado avances importantes en esta materia. Ya en el primer gobierno del Presidente Piñera se efectuaron cambios sustantivos, como la creación del nuevo sistema de penas sustitutivas, ley N° 18.216, que vino a fortalecer y modernizar el sistema y los mecanismos alternativos a la privación de libertad; la progresiva incorporación de un modelo de intervención en los sistemas de Gendarmería de Chile; el Plan 11 Medidas, que durante este periodo será actualizado y potenciado; además de la creación durante el gobierno anterior, del Comité para la Reinserción Social, que se erige como la instancia interinstitucional encargada de socializar, promover, coordinar, y validar las políticas públicas en materia de Reinserción Social.
Pero queda camino por recorrer. Para el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos es tarea fundamental desarrollar una estrategia de reinserción social efectiva, para lo cual se han delineado una serie de medidas, como el envío de una ley de ejecución de penas, el mejoramiento de la oferta educacional, laboral y psicosocial en los recintos penitenciarios del país, el fortalecimiento de las alianzas público-privadas, entre otras.
seremi de Justicia y Derechos Humanos
Juan Jara Opazo,