Reacciones inmediatas generó denuncia que realizó la jefa de prensa de Intendencia
GOBIERNO. La periodista presentó demanda por hostigamiento en el ejercicio de su cargo. Autoridades piden realizar sumario administrativo. Intendente señala que no puede solicitar esta vía, pues denuncia está en tribunales.
La demanda laboral por hostigamientos sufridos en el ejercicio de su cargo presentada por la jefa de comunicaciones de Intendencia, Margarita Moll, generó ayer inmediatas reacciones entre autoridades de la región.
La periodista interpuso la demanda ante el Primer Juzgado de Letras del Trabajo, en la cual asegura haber sido víctima de constante maltrato desde su llegada al gobierno regional, situación que le generó un cuadro emocional que la mantiene con licencia médica.
En la demanda la profesional apunta al exasesor directo del intendente, Cristián Zamorano y al actual jefe de gabinete, Marco Luza.
En el caso de Zamorano, quien dejó el cargo en noviembre pasado, Moll asegura haber recibido de su parte constantes descalificaciones y menoscabo a su labor profesional.
Sobre Luza, indicó que este junto a otros asesores estaban en conocimiento del tema, pero que le bajaba el perfil.
Sobre el jefe de gabinete, la periodista denuncia que éste le habría enviado un video a través de WhatsApp con contenido sexual.
En la demanda Moll también sostiene que el jefe regional estaba en conocimiento de esta situación y de no haber adoptado medidas.
Reacciones
El presidente regional de la Anef, Freddy González, rechazó los hechos denunciados, señalando que por su gravedad se debería suspender del cargo al actual jefe de gabinete, para así realizar una investigación.
"Esto amerita que haya una investigación administrativa y el intendente debería haberlo decretado en cuanto tomó conocimiento. Hacer la investigación no es sólo para castigar, sino para esclarecer los hechos y tomar las medidas del caso si se comprueba que los hechos denunciados son reales", dijo.
González agregó que como Anef mañana enviarán una misiva al intendente, en la cual le solicitarán que se realice un sumario administrativo.
La diputada Marcela Hernando (PR), señaló que todas las mujeres tienen la libertad de reclamar por sus derechos laborales y de género.
"Desde ese punto de vista, es legítimo que ella los ejerza. Esto tendrá que ser visto en tribunales y probablemente no tendremos ningún resultado hasta varios meses más. En el intertanto, obviamente esto le hace mal al gobierno regional", declaró.
Hernando también destacó que una buena determinación sería que el jefe regional instruyera un sumario para investigar lo denunciado, pues la investigación en tribunales podría ser más lenta.
El senador Alejandro Guillier (Indep.), le solicitó al intendente "que destierre de la administración pública todas las expresiones de violencia hacia las mujeres".
"Esto merece una sanción ejemplar y rápida, sobre todo si ocurre entre sus más cercanos. Es minuto que todos revaloricemos la importancia de la función pública y hacer fuerza para que todas las contrataciones por mérito", puntualizó.
Desde el gobierno regional, el intendente Marco Antonio Díaz, señaló que si bien no ha recibido la notificación formal, revisó la demanda que aparece en la página del Poder Judicial, quien indicó que los hechos denunciados le parecen muy graves.
"Favoreceré toda la entrega de información para que esto se esclarezca a la brevedad (...). Ya instruí al equipo jurídico para que pueda concentrar toda la información necesaria para esclarecer los hechos porque se vinculan a más personas que están trabajando", declaró la autoridad regional.
Díaz aseguró que no puede iniciar un proceso administrativo ahora, porque según señaló, la ley de bases no lo permite.
"Cuando hay un proceso que está siendo conocido por los tribunales, el inciso final del artículo 54. Y justamente, esa esa una garantía para la persona que ha denunciado ante tribunales, que no sea la misma entidad acusada la que pueda llevar un proceso paralelo distinto al que ella ha optado para que se resuelva y en eso seré súper respetuoso", explicó.
El Colegio de Periodistas de Antofagasta, manifestó ayer a través de un comunicado que "como gremio preocupado por el quehacer laboral de nuestras y nuestros asociados, y al cual pertenece como colegiada la periodista Margarita Moll, nos parecen graves los hechos denunciados por ella en su demanda. Desde un punto de vista legal el libelo es elocuente".
"Esperamos que la situación laboral y judicial de Margarita para con el Gobierno Regional se resuelva acorde a derecho y a las garantías constitucionales que toda persona merece ver respetadas", detalla la declaración del gremio.