Después de tres meses que la Contraloría General de la República investigara el contrato entre el Servicio de Salud de Antofagasta (SSA) y el consorcio Comsa Pilasi, por la construcción del nuevo hospital de Calama, emitió un informe que revela graves deficiencias administrativas y económicas por parte de la entidad gubernamental

Este informe quedó en evidencia al ser revelado por el diputado radical, Marcos Espinosa (Prsd), quien lo solicitó al prever que existían problemas graves en las obras. Con este informe, enfatizó que la directora del SSA debe renunciar y el ministro de Salud, Jaime Mañalich y el subsecretario de redes, Luis Castillo, deben dar explicaciones.

"Quién responde por esta danza de millones que se han perdido. Más allá de las responsabilidades administrativas, lo menos que podemos esperar es la renuncia de la directora regional de Salud, Rina Cares y todo su equipo y además una explicación y pronta solución por parte del ministro de Salud, porque en 15 días será interpelado en el Congreso Nacional".

Agregó que son más de 4 mil millones de pesos los involucrados y que "lo que hay en este informe es delicado, preocupante y muy grave, porque no solamente hubo negligencia desde el punto de vista administrativo, sino también una clara inconsistencia respecto de los estados de pago, en relación al avance físico de la obra".

El parlamentario detalló que hubo serias irregularidades en el adecuado manejo de los datos, como también de las boletas de garantía y los seguros. "Lo que dice el informe es que las boletas estaban en un kardex, donde transita una gran cantidad de público sin el debido resguardo. Además, se detectó que al menos cuatro estaban vencidas, por lo que no tenían ningún valor legal y son por 540 millones de pesos", dijo.

Esto último desembocó en que existían montos pendientes por devolución de anticipos que ascienden a más de 322 millones de pesos, los que no estaban garantizados.

Informe

De acuerdo al detalle expresado en el documento, se hace hincapié en que hubo un "desorden administrativo respecto a la ejecución, el servicio no mantenía los archivos ordenados y registros que dieran cuenta de la información íntegra del proyecto".

Asimismo, plantea deficiencias en los pagos 14 y 15. En el primero se canceló más de lo que se debía y la jefa del departamento de Recursos Físicos sólo se dio cuenta al regresar de sus vacaciones; mientras que en el 15, se registró la misma situación pues hubo una proyección de las obras, situación que no se concretó y además esta acción fue autorizada por un funcionario a contrata, quien actualmente ya no pertenece al servicio.

A esto se suma el pago 30, el que ascendía a 775 millones de pesos. El SSA canceló 200 millones desde su cuenta bancaria, pues la subsecretaría de Redes no había realizado la transferencia bancaria, hecho que "vulneró el principio de legalidad del gasto consagrado en la Constitución de la República, que consiste en que los desembolsos fiscales sólo pueden autorizarse para los fines que han sido destinados", sentenció la Contraloría.

Otra irregularidad detectada fue que el SSA no sometió a trámite de toma de razón una modificación al contrato, el que asumía un aumento presupuestario y de plazo, sin embargo, al momento de cancelar se pagó una cifra superior a la que correspondía.

Respecto al IPC, "el servicio no contaba con los respaldos necesarios para calcular los reajustes y porque los estados de pago no se emitieron con sujeción a las bases de licitación". En este sentido, se le debería a la empresa más de 142 millones de pesos, pero a su vez se le pagaron cerca de 194 millones demás por reajustes de gastos generales y canje de retenciones y casi 48 millones por modificaciones de obras "sin respaldo objetivo ni datos de cómo se hizo el cálculo", aseveró el informe.

La investigación también reveló que existe una serie de defectos en las obras, como en el hormigón, existiendo grietas y fisuras en elementos estructurales, perforaciones, el acabado del vitrificado de baldosas no cumplió con las indicaciones técnicas y no existe la quincallería antipánico.

Además, se agrega partidas pagadas en exceso que ascienden a más de 187 millones de pesos y el servicio aprobó un aumento por otros 182 millones, sin justificación técnica.

Salud

La subsecretaría de Redes declinó dar una declaración, argumentando que este tema se resolvía a nivel regional.

El Servicio de Salud solicitó las preguntas respectivas por mail, pero hasta el cierre de la edición no hubo respuesta.

En tanto, el nuevo coordinador del proyecto y director del hospital de Calama, Enrique Bastías se refirió al tema, manifestando que "a pesar de los problemas el servicio tiene que seguir trabajando, levantar nuevos procesos que permitan abocarse a no cometer las equivocaciones para determinar que cuando se retome vaya en el buen rumbo", dijo.

En cuanto a los pagos sin justificación, comentó que "son materias que la Contraloría deberá analizar a través del sumario que aparentemente realizarán. Después obtendremos la conclusión, mientras se aportan los antecedentes de los funcionarios que tendrán que declarar".

Bastías puntualizó con que "lo que la Contraloría observe es responsabilidad de cada servicio público y si las cosas no estaban llevándose, son las medidas que (la Contraloría) adoptará de aquí en adelante".