Los consejeros regionales (Cores) que emitieron un comunicado denunciando a la Intendencia, por supuestas irregularidades en los contratos de profesionales y cargos de confianza, insistirán hasta que se demuestre que esta práctica es real y que demanda indemnizaciones millonarias en caso de apelar a los despidos, los que deberían ocurrir con el cambio de gobierno.

Sandra Pastenes, una de las consejeras que reveló esta situación, mencionó que ya dieron el primer paso, que fue darlo a conocer públicamente, para continuar con las presentaciones formales que se requieran.

"Entendemos que no hay ninguna restricción para hacer contratos, pero donde sí tenemos dudas y que existe ya una consulta desde otra instancia a la Contraloría Regional de la República, es la cláusula que se agregó a algunos contratos. Si no tenemos acceso a este informe, haremos la petición por nuestra parte", explicó.

Si bien no han expresado los nombres de las personas que habrían sido beneficiadas con esta cláusula millonaria, Pastenes mostró su duda respecto a los contratos del exgobernador de El Loa, Luis Garrido y el ex alcalde de Calama, Nalto Espinoza.

En la página web del gobierno regional, se detallan los contratos a honorarios de estos funcionarios, las actividades encomendadas y los montos que perciben. El primero por un total de 29 millones y el segundo por más de tres millones mensuales.

En este sentido, Pastenes precisó que estarían contratados por convenio y "suponemos que el gobierno estimó pertinente esas contrataciones para llevar adelante sus programas, pero lo que hay que saber es cuál ha sido su trabajo en este ámbito, qué es lo que los avala, cuál es su labor específica, los informes de gestión al ser trabajadores a honorarios y si están definidas sus metas".

A lo anterior agregó que "si esto ya hay que revisarlo para saber cuál es la situación y opinar, aun cuando se tengan algunas a priori por no tener clara su labor, apuntamos a que a sus contratos se están amarrando indemnizaciones bastante altas en el caso que sean despedidos en la nueva administración".

Pastenes argumentó que no existe una persecución o algo en contra de estas personas, "sino que señalar las claras intenciones que existen para la instalación del próximo gobierno. Tenemos información que en otras regiones está ocurriendo lo mismo, para que no puedan ser removidos cuando corresponda".

Asimismo, comentó que pidieron que les enviarán los contratos directos del gobierno regional, dejando de lado los honorarios y convenios, pero hasta el momento no han tenido respuesta.

En estos casos, planteó la consejera, "se aplicó una cláusula con la intención de dificultar los despidos normales que se realizan cuando hay cambio de gobierno, porque estos llegan con sus personas de confianza para llevar adelante sus programas".

Otro aspecto que también consideró Sandra Pastenes fue el problema ético que tendría el exgobernador, Luis Garrido, pues argumentó que "no es bueno aparecer (en las listas de funcionarios a honorarios), porque al ser consejero electo no puede tener ningún tipo de contrato con el gobierno regional, porque existiría conflicto de intereses".

Apreció que si bien existe una especie de vacío en la ley, en su opinión no deberían haber vínculos, pues ya fueron confirmados de su cargo como consejeros regionales. "Aun cuando no se haya asumido el cargo, bajo cualquier régimen existe un conflicto de intereses, por ética no debería tener vinculación", dijo.

En tanto, Luis Garrido declinó dar una declaración respecto a las cláusulas de los contratos ni tampoco a su vinculación con el gobierno siendo electo consejero.

Más de mil millones de pesos recibió el municipio de Calama, durante 2013, por concepto de subsidio de agua, monto que se podría repetir este año y con esto entregar más de 10 mil cupos, beneficiando a las familias más vulnerables de la comuna.

Cindy Trigo, directora de la Dirección de Desarrollo Comunitario, explicó que gracias a este dinero se pueden entregar subsidios por el 100% de la cuenta, como también por el 40% y 70%, esto dependiendo de los antecedentes que presenten los postulantes.

"El subsidio del agua es un beneficio que se otorga a las familias de nuestra comuna a través del Estado con una ponderación de corte en distintos segmentos, como por ejemplo el 40%, 70% y 100% del pago del agua potable", explicó.

Trigo mencionó que para postular a este beneficio no existe una fecha de expiración, pues las familias pueden recurrir a comienzos de cada mes a solicitarlo.

"Las fechas son permanentes, de enero a diciembre. Los invitamos a que lo hagan los primeros días de cada mes, porque el día 20 debemos enviar los listados a Antofagasta", argumentó.

Agregó que los requisitos que demanda este subsidio es "tener la ficha social aplicada, ser propietarios de la vivienda, traer la boleta de agua cancelada, pues no debe tener deuda y la cédula de identidad vigente".

Explicó que el 100% es para los que pertenecen al programa Chile Solidario y el resto es para las demás familias que postulen.

Trigo argumentó que aún quedan cerca de tres mil cupos de los que fueron designados en 2013, por lo que hizo una invitación a la comunidad a postular y una vez que lo obtengan tratar de mantenerlo en el tiempo.

En este sentido, aseveró que si bien se renueva cada tres años, antes de este período podría quedar sin efecto. "Frente a una deuda o haber perdido uno de los requisitos. Asimismo, el tope de consumo es de 40 metros cúbicos y si se supera este límite también lo dejarán de percibir porque se asume que no es para una actividad domiciliaria".

Respecto a lo anterior, comentó que no existe justificación, aun cuando se trate de, por ejemplo, llenar una piscina en época de verano, por lo que enfatizó que lo imprescindible es mantener los requisitos para no peder este beneficio.