La Contraloría Regional de Antofagasta emitió el informe de la investigación que realizó en el hospital Carlos Cisternas, por una serie de supuestas irregularidades administrativas, desestimando varias de las acusaciones, principalmente las que tenían relación con el ex subdirector administrativo, Richard Guerra.
Para el Capítulo Médico ésta fue una indagación liviana, de forma más que de fondo, mientras que para el aludido es un acto de justicia frente al hostigamiento que generaron los doctores.
Además de lo anterior, el recinto loíno sigue sumando conflictos, ya que se descubrió que existían facturas impagas por más de 120 días y la inexistencia de contratos con empresas prestadoras de servicios. A esto se agrega la denuncia de acoso que efectuaron algunas funcionarias y a la no renovación de sus contratos, hecho que demandó la presencia de dirigentes nacionales y regionales de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Salud (Confenats).
La investigación que realizó este organismo se basó en nueve puntos: Convenios con tratantes o consultores de llamada; presuntas irregularidades en los registros de asistencia; descansos compensatorios del subdirector administrativo; eventuales diferencias en la alimentación de los funcionarios de urgencia; la presunta irregularidad en sumario administrativo; la presunta intervención en concurso de selección; aumento de grados de funcionarios; desvíos de cargos clínicos para aumentar la planta administrativa y participación en labores gremiales de Fenpruss (ámbito que demandó investigación especial) y otros aspectos en el marco del pago de horas extraordinarias.
En cada uno de estos ámbitos se encontraron irregularidades, como que existe una diferencia millonaria en el pago a los dos radiólogos que prestan servicios continuos en el hospital y la falta respaldos para cursar las cancelaciones.
También se detectó que los atrasos en las cancelaciones se debían a la escasez de documentación necesaria, por lo que se desestimó la acusación.
Respecto a los problemas de marcar asistencia se instruyó una serie de medidas para asegurar esta obligación, mientras que en el caso del ex subdirector administrativo, Richard Guerra, el informe detalló que se analizó "el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2013, advirtiendo que en 46 ocasiones omitió el registro de entrada o salida, para lo cual presentó 37 constancias de justificaciones autorizadas y validadas por el director del hospital (Enrique Bastías) y en 9 casos presentó correos electrónicos enviados desde su casilla institucional para justiciar las no marcaciones".
En cuanto a los descansos complementarios de Guerra, la Contraloría expuso que se verificó que fueron utilizados antes de la prescripción del beneficio y con los trabajos administrativos regularizados, pero enfatizaron en la necesidad que las labores extraordinarias sean autorizadas antes de su realización.
Por las diferencias de alimentación se dio por atendida la acusación y regularizada y por el sumario de acoso laboral se pidió conocer el actual procedimiento disciplinario en un plazo no mayor a los diez días.
En la supuesta intervención en el concurso de selección se constató que no contaba con bases, pero se consideraba que había quedado desierto y sobre los aumentos de grado de funcionarios la acusación quedó desestimada, debido a que se encontró sólo un caso irregular.
Frente a todos estos puntos, la mayoría de las indicaciones fueron aplicar actos administrativos disciplinarios y asumir medidas para mejorar los controles.
El vicepresidente del Capítulo Médico del hospital Carlos Cisternas, Mauricio Castillo, desestimó este resultado, catalogándolo de superficial y que no se ajusta a la lógica.
"Pensamos que la investigación de la Contraloría fue de forma y no de fondo, porque se le preguntó a los mismos implicados. En el caso del subdirector administrativo, Richard Guerra, aparece faltando y después justificado por el director, Enrique Bastías, esgrimiendo que era una falta del reloj. Esta investigación no se hizo en forma exhaustiva, tampoco se contrastó con revisión de papeles, se les preguntó a los mismos involucrados", planteó.
Agregó que no le parece que tenga "una lógica correcta ni que se abstengan a una rigurosidad y transparencia, si hay irregularidades no se puede tener una actitud neutra o ser indiferente".
Enfatizó que existieron varios concursos en que estaban los participantes, cumpliendo con todos los requisitos "y después el mismo director los declaraba desiertos o nulos, sin dar ningún tipo de explicación al respecto. Ésta es una de las cosas que ya habíamos denunciado en ese período y nosotros entregamos los documentos al Servicio de Salud de Antofagasta (SSA) para que hiciera una investigación de forma y fondo"
Castillo aseguró que no quedaron conformes con este resultado, pero que no se quedarán tranquilos hasta que todas las irregularidades queden aclaradas.
"El primer paso que dimos fue haber entregado todos los antecedentes al Servicio de Salud, extremadamente respaldados y creo que lo que deben hacer es iniciar una investigación, para luego acudir a la Contraloría General pidiendo, en base a lo que se entregó, que se hagan los cursos de acción. No podemos tener algo tan liviano como el hecho de encontrar irregularidades pero no hacer nada", declaró.
Asimismo, reveló que siguen apareciendo errores administrativos, como que "habían facturas que llevaban 120 días sin ser pagadas, servicios con empresas externas de prestación de médicos que no tenían contrato. Lo que se está haciendo ahora y el esfuerzo es que eso se tiene que normalizar, para estructurar un sistema que esté sano y asegurar la atención de los pacientes".
Por su parte, el exsubdirector administrativo, Richard Guerra, en quien recayeron la mayoría de las acusaciones fue enfático en precisar que "se hizo justicia, porque un grupo de médicos se encargó de hostigarnos porque no accedimos a realizar algunos temas que ellos solicitaban y el Capítulo Médico nos amenazó, diciendo que teníamos los días contados y es lo que sucedió".
Aseguró que a partir de este informe de la Contraloría, en que se deja en evidencia su inocencia, "a todo aquel que haga un comentario se hará la denuncia por injurias y calumnias".
Planteó que si bien ya no es parte del hospital y descarta su regreso, tiene conocimiento que hay jefaturas que están siendo hostigadas y perseguidas al tratar de hacer cumplir la disciplina que demanda la administración pública.
"Los médicos no entienden que para comprar un insumo tenemos que tener un plan de compras, un presupuesto asociado y si esto no existe no lo podemos ejecutar. Cuando uno le dice no, vienen estos tipos de problemas", dijo.
Guerra argumentó que la respuesta de la Contraloría deja en evidencia que "ellos (médicos) han buscado detalles a la gestión, pero se entenderá que siempre, en cualquier organización pública o privada, podrán existir problemas de forma en los procedimientos, porque la mejora es continua, pero no de fondo, como ellos quisieron hacer ver".
Haciendo referencia a las acusaciones que caían en su contra por las ausencias y horas extras, se justificó diciendo que el lector biométrico no reconocía, en la mayoría de los casos la huella dactilar y que además "aparte de ser el subdirector administrativo tenía una resolución de tener que trabajar dos horas para la puesta en marcha del nuevo recinto, entonces en muchas ocasiones, con el director nos tocaba ir temprano a las obras y esta resolución fue instruida por la subsecretaría de Redes Asistenciales".
Con las modificaciones que sufrió el hospital y el surgimiento de una nueva administración, aparecieron las primeras acusaciones por acoso laboral y la confirmación de la no renovación de contratos.
Ayer, visitaron al director del hospital, Jorge Castro, dirigentes regionales y nacionales de la Confenats, quienes le plantearon su molestia por las acciones asumidas, las que afectarían a 12 funcionarios, la mayoría mujeres, entre éstas una embarazada y la presidenta de la Fenats de Calama.
La dirigente nacional, Sandra García, recalcó que las conductas adoptadas por las autoridades que asumieron el mando del recinto no les parecen apropiadas, pues "hubo un acuerdo en la Mesa del Sector Público a nivel nacional en que no se debía poner términos a los contratos ni tampoco se hacían prórrogas por tres meses".
Afirmó que estas trabajadoras están siendo visitadas en sus domicilios para comunicar que "tienen sus contratos hasta marzo, lo que no nos parece adecuado".
Recalcó que a su llegada notó que "el clima laboral es malo, los trabajadores andan temerosos porque pueden haber despidos. Nosotros llamamos a las autoridades locales, como también regionales a que se comuniquen y exista diálogo con ellos".
García precisó que esta situación ya fue informada a los dirigentes que están en Santiago y ellos darían a conocer la situación al subsecretario de Redes, Luis Castillo, para que solucione el problema.
Frente a este tema, Mauricio Castillo planteó que no existen despidos ni tampoco se harán, pero "si alguna persona que tenía contrato y se le venció no se renovará, nada más. Como por ejemplo, el caso de Richard Guerra, a quien no se le renovó".
"Esta investigación no se hizo en forma exhaustiva, tampoco se contrastó con revisión de papeles, se les preguntó a los mismos implicados. No me parece que sea una lógica correcta ".
Mauricio Castillo
Vicepresidente del Capítulo
Médico del hospital
Carlos Cisternas
