Nuestro país ya cuenta con una ley que procurará la transparencia y la probidad de toda persona que ejerza un cargo público, así como también de aquellos que cumplan un rol fundamental en la toma de decisiones. Es la llamada Ley de Lobby, que para la mayoría de los parlamentarios era necesaria y cumplirá un rol fundamental en la fiscalización de las acciones de parlamentarios, consejeros, intendentes, y hasta del mismo Presidente de la República.

"Sin duda esta es una iniciativa que procurará la fiscalización ciudadana a toda las autoridades, para que así mantengan una conducta irreprochable respecto del tráfico de influencias y el cohecho. Ya que también busca tener un control social de los actos de todos los grupos de interés, ya sea de un cargo público remunerado o no, para que se ejerzan relaciones transparentes entre grupos de interés" comentó, Manuel Rojas, diputado de la región.

Durante 10 años esta ley descanso en el parlamento, ya que no existía un consenso entre los parlamentarios. Sin embargo para el diputado, Marcos Espinosa, este es un avance muy importante en materia de transparencia, ya que se separará el rol político de las eventuales influencias que fuera posible ejercer ciertos grupos económicos que se ven afectados por una determinada legislación o por un determinado acuerdo.

"Hoy día podemos decir que a través de esta ley habrá mucha más transparencia de las acciones, porque la ciudadanía que podrá fiscalizar a todos los cargos públicos que tengan responsabilidades dentro de la administración del Gobierno, porque tendremos el deber de informar nuestras reuniones y de qué se trataron", explicó Espinosa.

Se podrá fiscalizar a través de una página web, donde habrá un registro de lobbistas, que dependerá del Consejo para la Transparencia. El cual tendrá dos fuentes: los lobbistas que se inscriban de manera voluntaria, y la información que deberán proporcionar las autoridades que son consideradas sujetos pasivos de lobby sobre todas aquellas reuniones con personas que representen intereses particulares.

La ley contempla sanciones para las autoridades o funcionarios que no registren la información, ya que están obligados a hacerlo, además si traspasan información de manera inexacta o falsa, también serán castigados. Por ello, el reglamento contempla sanciones penales, consistente en una multa de 10 a 50 UTM si no respetan la legislación.

El diputado Marcos Espinosa, como integrante de la Comisión Investigadora de Codelco, detalló los desafíos para la estatal durante el Gobierno de Michelle Bachelet, el cual tendrá restructuraciones proyectadas a mejorar la administración y aumentar las utilidades que actualmente están bastante bajas. Detectando que una de las mayores razones de esta disminución, es la externalización de los servicios por su gran cantidad de contratistas.

"Codelco tiene que volver a un estilo de administración pública en su calidad de empresa estatal, por lo tanto, tiene que cumplir con más rigurosidad las leyes contenidas en el código del trabajo, con el objetivo de retomar la confianza con sus trabajadores a través del cumplimiento estricto de los convenios colectivos. Ya que durante estos cuatro años este accionar se ha visto muy deteriorado, ya que se ha incumplido la ley de subcontratación y se ha abusado del uso de contratistas", comentó Espinosa.

Según agrega Espinosa, que esta reestructuración servirá para retomar nuevamente la confianza de los trabajadores, porque la tercerización a través de contratos integrales es uno de los factores de desconfianza. "No sólo ha provocado un alejamiento de los empleados, sino también este factor es la principal causa de la diminución en las utilidades de Codelco" agregó.

Los cambios que deberán aplicarse a Codelco, no sólo tratan de disminuir la cantidad de contratistas y aumentar los trabajadores planta. Pues también ha considerado otros factores que son fundamentales para que la cuprífera pueda desarrollar sus planes de inversión.

"Se creará un comité de capitalización e inversiones, siendo un órgano que permitirá que Codelco pueda invertir parte de sus utilidades en el desarrollo de sus proyectos estructurales. Ya que desde que se creó la minera, ha estado imposibilitada de invertir un porcentaje de sus ingresos en la propia empresa", explicó el diputado radical.

Espinosa además explicó que este paso será muy importante, porque el mercado actual está muy competitivo, ya que en los últimos años han irrumpido nuevas empresas minera a la economía mundial. Las cuales operan bajo una lógica de financiamiento muy diferente a la ocupada por Codelco, por ello se ha visto esta diferencia administrativa como una debilidad para la competitividad de la minera estatal. "Por ello se hace necesario la conformación de este comité, el cual deberá estar integrado por el ministro de minería, ministro de hacienda, dos directivos de Codelco, para que ellos decidan qué porcentaje de Codelco se va a reinvertir" agregó.

Para hacer que Codelco tenga una mayor transparencia en su accionar interno tanto en materia de contratos y costos, según explica el diputado Espinosa, es necesario que el órgano fiscalizador que es Cochilco se le dote de mayores facultades. "Para esto, es imprescindible que el vicepresidente ejecutivo de Cochilco, no sea designado por el Presidente de la República si no por el sistema de la alta dirección pública. De tal manera que dé garantías, independencia y autonomía a la hora de fiscalizar o auditar procedimientos internos de Codelco" añadió.

La mirada del diputado Espinosa, es que hoy más que nunca se necesita la capitalización de la cuprífera. "Es sorprendente que Thomas Keller hace unos días anuncie que para que Codelco pueda seguir existiendo, necesita mil millones de dólares para su capitalización. Ya que esto es sabido desde el año 2012, y teniendo conocimiento de esto el gobierno de Piñera decide no entregar los recursos. Provocando la postergación de la puesta en marcha de los proyectos estructurales, se pierde competitividad, aumentan sus costos de producción, se multiplican los egresos especiales y dispara la subcontratación", señaló.

Es una lógica económica, y los ejecutivos de Codelco aseguraron que subcontratando se disminuyen los costos de mano de obra. Sin embargo para el diputado radical es una total equivocación, ya que los balances anuales demuestran lo contrario, porque las empresas del estado funcionan en la lógica de que si aumentan los costos, es necesario producir más para obtener mayores ingreso para la empresa.