Acusan irregularidad en los arriendos de sitios desalojados
Los desalojos que realizó el Ministerio de Bienes Nacionales en el sector industrial de Puerto Seco siguen siendo un problema sin resolver, pues algunos de los empresarios que se vieron afectados insisten en que no todos cometieron irregularidades y que esta acción habría sido maquinada para entregar los sitios a nuevas firmas.
Uno de los que sigue en esta pelea es el veterinario, Roberto Freire, quien hasta el año pasado fue secretario de la asociación Empresarios de El Loa. Considerando su caso, apeló a la Contraloría Regional de Antofagasta, presentando una serie de antecedentes que consideró no se ajustaban a la ley, algunos de estos fueron comprobados y derivaron en procedimientos disciplinarios dentro de la seremi de esta cartera.
"Ellos les arrendaron al mismo tiempo que nos sacaron a nosotros y el trámite que hicieron fue exprés, sin cumplir con todo lo que exige la ley. La persona que arrendó mi sitio firmó la aceptación de los términos de arriendo al día siguiente que fui desalojado, lo que es raro, porque tenía que haber entregado todos los documentos que se solicitan, luego esperar por una respuesta, la que según en el portal de Chile Atiende se demora meses", explicó.
El 21 de noviembre de 2013 la Contraloría Regional de Antofagasta remitió el informe de la investigación solicitada, se acogió que los expedientes de los arrendamientos e inmuebles se encontraban incompletos y no se había acreditado el cumplimiento de todos los requerimientos exigidos en el Manual de Arriendos.
Asimismo, se detectó que tras un análisis de las fechas en que se tramitaron las consultas de disponibilidad de los inmuebles, de las postulaciones, las resoluciones que otorgaron el arrendamiento y la aceptación de los términos había inconsistencias que "denotan el incumplimiento de los procedimientos internos dispuestos en el manual.
Frente a esto se solicitó que el seremi de la cartera, Christian Berndt, debía "ordenar el inicio de un procedimiento disciplinario, para esclarecer los hechos expuestos y determinar eventuales responsabilidades administrativas por el incumplimiento de los procedimientos internos aprobados para la autorización de arrendamientos de inmuebles fiscales".
En tanto, al término de contrato, el informe aclaró que ya se había concluido que no existía arbitrariedad o ilegalidad.