Un juez de la Audiencia Nacional española ordenó ayer la detención del ex Presidente chino Jiang Zemin, por los supuestos delitos de genocidio, tortura y de lesa humanidad en la región del Tíbet.

El juez Ismael Moreno decretó la prisión provisional, comunicada, incondicional y sin fianza de Zemin, que fue Presidente de China entre 1993 y 2003, y de otros cuatro ex dirigentes de ese país asiático, entre ellos el ex primer ministro Li Peng.

El juez aplicó el principio de justicia universal, que permite que los sospechosos sean perseguidos por abusos a los derechos humanos cometidos en el exterior, siempre que una víctima española esté implicada. La misma doctrina fue aplicada para el arresto de Augusto Pinochet en Londres en 1998, después de una orden emitida por el ex juez de la Audiencia Nacional española Baltasar Garzón.

Este caso provocó una crisis diplomática entre el Gobierno chino y el español. Según la agencia DPA, Beijing expresó en noviembre su "profundo malestar" y advirtió de que dañaría las relaciones bilaterales.

La agencia EFE recordó que la Audiencia Nacional española tramita en este momento diversas causas bajo ese principio de justicia universal. Entre ellas está la investigación sobre la muerte del camarógrafo de televisión español José Couso en la guerra de Irak en 2003.

Según el auto judicial del juez Moreno, hay "indicios de la participación" de los dos ex altos dirigentes chinos en los hechos que se les imputan.

Principalmente, "habida cuenta de la responsabilidad política o militar de cada uno de ellos en el largo periodo al que se remontan lo hechos objeto de investigación".

La justicia española se considera competente para investigar el caso, ya que uno de los demandantes, el tibetano en el exilio Thubten Wangchen, posee la nacionalidad española y la justicia china no ha abierto ninguna investigación sobre el caso. La investigación se amplió el 11 de octubre de 2013 al ex Presidente Hu Jintao, que ya no tiene inmunidad presidencial tras haber dejado el cargo en noviembre de 2012.

El Parlamento español debatirá hoy una idea de ley para restringir las condiciones en las que un juez puede investigar delitos cometidos fuera del territorio de España. La iniciativa, impulsada por el Partido Popular, propone que los jueces sólo puedan investigar los delitos de justicia universal (genocidio o lesa humanidad), cuando la causa se dirija contra ciudadanos españoles o ciudadanos extranjeros que residan habitualmente en España o cuya extradición hubiera sido denegada.