Fiscalía frena orden de borrar correos tras decreto supremo
El Ministerio Público envió ayer un oficio dirigido a la Subsecretaría del Interior para frenar el decreto firmado por el Gobierno que en la práctica faculta a los funcionarios públicos borrar los correos electrónicos enviados y recibidos durante la actual administración.
El decreto, publicado el 27 de febrero en el Diario Oficial, generó una polémica entre el actual Gobierno y la oposición, desde donde acusan un intento de "ocultar" información al Ejecutivo que asume hoy.
Según indicó el diario "La Segunda", el oficio fue enviado por el fiscal adjunto de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, José Morales Opazo, frente a la posibilidad de que la eliminación de los e-mails perjudique las investigaciones penales en curso en algunos ministerios -como el de Salud, Educación, Obras Públicas, Trabajo y Vivienda-, y advirtiendo que ello incluso podría constituir un delito. El medio vespertino detalló que el documento está dirigido al subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, quien el viernes reemplazó a Rodrigo Ubilla y se convirtió en el primer funcionario de la nueva administración en asumir sus funciones.
La controversia surgió después de que el diario electrónico "El Mostrador" informara sobre un decreto supremo firmado por el Presidente Sebastián Piñera que deroga una serie de decretos entre los que se encuentran el promulgado por el ex Presidente Ricardo Lagos que regulaba las comunicaciones mediante correo electrónico entre los órganos de administración del Estado y ordenaba que los funcionarios públicos conservaran los mensajes por al menos los próximos seis años.
Desde la Nueva Mayoría, el vocero del bloque y timonel del PPD, Jaime Quintana, aseveró que "si no hay nada que esconder, no hay nada que borrar". "Yo pensé, francamente, que era una 'piñericosa' esto de borrar los correos, pero no, me encuentro que es un decreto, un decreto que lo que hace es llamar a los funcionarios a borrar los correos y a terminar con años de transparencia".
El presidente del Senado, Jorge Pizarro (DC), en tanto, expresó que en el Gobierno "están borrando la letra chica". "Tienen mucho que ocultar, parece... Hay un problema ético ahí, tendrían que explicar ellos por qué quieren borrar la información", agregó.
Ante los cuestionamientos de la oposición, el Presidente Piñera garantizó que "los correos personales -lo ha determinado tanto así la Oficina de Transparencia como la propia Corte Suprema- son personales. Pero todo lo que es oficial, naturalmente se queda".
La vocera de La Moneda, Cecilia Pérez, sostuvo que el oficio de la Fiscalía "es algo que siempre se tiene que respetar y que nosotros acogemos". Pese a ello, enfatizó que el instructivo permite borrar correos personales, "no así correos que contengan información que sea necesaria para el ejercicio legitimo y válido de cada uno de los ministerios".
El origen de la polémica Controversia surgió después de que se conociera la firma de un decreto que permite a funcionarios borrar correos.
Normativa anterior El decreto deroga una norma que exigía mantener los mensajes por los siguientes seis años.
Acusaciones En la Nueva Mayoría acusaron un intento de "ocultar" información necesaria para el próximo Gobierno.
Defensa El Presidente Piñera aseguró que el decreto sólo aplica a correos personales y no a los de carácter oficial.