Una seria denuncia realizó la Oficina de Asuntos Indígenas de Calama, perteneciente a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), luego de que se revelaran una serie de estafas al interior de la denominada "toma" Lickan Tatay, ubicada al poniente de la ciudad.

Según la denuncia, en el lugar dos personas pertenecientes a uno de los comités que allí funcionan, habrían realizado ventas ilegales e irregulares de terrenos por cerca del millón 200 mil pesos para cada interesado, situación que fue expuesta por algunos afectados quienes entregaron los antecedentes.

Hace dos semanas, pobladores pertenecientes a uno de los comités que habitan la toma, se acercaron hasta las dependencias del organismo público para entregar información acerca de ello, denunciando la gravedad de lo que había ocurrido.

Este espacio, de cuatro hectáreas, fue regularizado por Conadi junto a la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales, para permitirles a los pobladores, en su mayoría de ascendencia indígena, el habitar ese sector desde octubre del año pasado, luego de que se descolgaran de la toma ubicada en calle Frei Bonn, pero este panorama cambió tras develarse estos antecedentes.

Según las denuncias, y las investigaciones realizadas por Conadi, se pudo constatar que dos pobladores ofrecieron terrenos por montos cercanos al millón 200 mil pesos, y que algunos incautos compraron bajo engaños, puesto que los sitios pertenece al organismo indígena.

Por ello la Conadi ordenó una investigación. Todo partió con una denuncia y un reclamo respecto a la existencia de personas que estaban realizando ventas irregulares de terrenos.

"Esto lo pudimos corroborar a través del testimonio de uno de los afectados, quien además declaró, y permitió develar esta situación", dijo Liliana Cortez, jefa de la Oficina de Asuntos Indígenas de Conadi en Calama.

Agregó que es una situación grave, y que Conadi no ampara. "Por tal motivo y tras corroborarlo, iniciamos indagatorias a fin de entregar los antecedentes al Ministerio Público para que inicie las investigaciones correspondientes", puntualizó Cortez.

En esa misma línea, la abogada de Conadi en Calama, Raquel Paz comentó: "Estamos haciendo una denuncia primero, porque una persona nos confirmó que le habían vendido un terreno, en la manzana de equipamiento, y que pertenece a Conadi. Entonces como servicio público estamos en la obligación de denunciarlo y solicitar al Ministerio Público que investigue este hecho, porque no tenemos esa facultad de fiscalizar. Con ello comenzarán las indagatorias, las citaciones y la búsqueda de antecedentes, para que en virtud de ello darle una figura legal a esta irregularidad", dijo la profesional.

Estos antecedentes fueron entregados en su momento a la gobernadora Lorenza Muñoz, quien al conocer estas denuncias habría entregado luz verde para que los abogados de la Oficina de Asuntos Indígenas de Conadi procediera a realizar las diligencias legales correspondientes al caso, y en concordancia con el deber de denunciar la gravedad de los hechos.

Durante la tarde de ayer, la jefa de Conadi en Calama, realizó una reunión con las 60 familias que habitan el lugar, para manifestarle esta situación y la investigación en curso.

Además, y en paralelo se investigará a los involucrados en este ilícito, quienes deberán concurrir ante la Fiscalía, para aclarar su participación en los hechos denunciados.

Los próximos días serán claves para el desarrollo de esta denuncia y quienes resulten afectados.

" Por tal motivo y tras corroborarlo, iniciamos indagatorias a fin de entregar los antecedentes al Ministerio Público"

Liliana Cortez

Jefa Conadi Calama

Son 60 familias las que se encuentran habitando ese sector

Entre otras de las irregularidades está el hecho de que muchos no pernoctan allí.

Desde octubre pasado, y con consentimiento de Conadi las familias se encuentran apostadas allí mientras solucionan sus problemas habitacionales, tras abandonar la toma de calle Frei Bonn.

Un total de 30 programas de índole social ejecuta el municipio loíno a través de su Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco), y que incluyen asistencia en temas de seguridad púbica, de vivienda entre otros.

Según datos aportados por Dideco, dentro de estos treinta programas, sólo ocho son ejecutados en convenios con ministerios como el de Vivienda y Urbanismo, Desarrollo Social, Interior y Seguridad Pública, más los servicios nacionales de la Mujer, y del Menor.

A través de una reestructuración del organigrama de la Dideco, en tres ejes o departamentos acción. Este organismo vela por el cumplimiento de áreas Sociales, Territoriales, y de Desarrollo Económico y Local. De éstos se desglosan los 30 programas a través de convenios e iniciativas municipales.

"Nuestros programas son de primera línea, esto quiere decir son estratégicos y apuntan al trabajo directo con la comunidad. Hoy tenemos alrededor de 197 funcionarios, de los cuales hay profesionales a honorarios, como también algunos que tienen responsabilidades administrativas y de ejecución, y sólo somos 18 funcionarios municipales", agregó Cindy Trigo, directora de la Dirección de Desarrollo Comunitario.

De los 30 programas, sólo ocho tienen un carácter gubernamental y ejecutado por el municipio a través de esta repartición de servicios. Uno de ellos es el Barrio Residencial en Paz, y que en Calama sólo se ejecutó en la población Gladys Marín.

Por concepto de financiamiento para estos programas el municipio recibe cerca de los 500 millones de pesos de los ministerios, para ejecución, contratación de profesionales con perfil técnico para ello, insumos y también herramientas de trabajo.

En tanto el consistorio local invierte anualmente unos mil millones de pesos como contraparte para los que son ejecutados por sus profesionales como también aquello programas íntegramente municipales. Los profesionales a honorarios representan un diez por ciento del personal que trabajan al interior del municipio bajo esas características.

Cindy Trigo, directora de Dideco comentó: "Estos programas no terminan con el cambio de gobierno, y tienen continuidad, y como municipio también velamos por darle cumplimiento para garantizar su aplicación y por ende el bien común en los sectores y en los beneficiarios", ejemplificó Trigo.