Las divisiones Radomiro Tomic y Chuquicamata de Codelco, harán una evaluación de los convenios que mantiene con la gobernación provincial de El Loa. Proyectos y programas cuya gestión sería reestructurada por ambas mineras estatales.

Estas posibles reformulaciones dependerán de las reuniones que los gerentes de las mineras tengan en los próximos días con el nuevo gobernador Claudio Lagos, en las que se resolverá el futuro de estos convenios y programas que ejecuta esta repartición de gobierno en nuestra provincia.

El primero en manifestar el hecho de que evaluarán estos convenios fue ayer el gerente general de Chuquicamata, Juan Carlos Avendaño, quien fue cauto en entregar antecedentes, pero sí en comentar que se harán las evaluaciones a estos acuerdos.

"Este es un año de transiciones en el que también aparecen nuevas autoridades. Efectivamente a través de estos convenios hemos logrado generar espacios de uso público, fomentar la vida sana con plazas activas y otras actividades, que son parte importante para nuestra empresa como buen vecino. Ahora, en el caso del convenio, tendremos que analizar y evaluar ciertas cosas y cómo se van desarrollando, pero lo analizaremos con calma", comentó Avendaño.

Consultado de si una posible reestructuración ya no incluiría la contratación de profesionales a honorarios el ejecutivo expresó que "en nuestro convenio existe también la necesidad de que profesionales ejecuten y lleven a cabo algunos programas, y también el monitoreo de estos, pero será necesario una evaluación completa y que se nos entregue un panorama exacto de lo que podríamos hacer y eso está dentro de la evaluación que haremos", dijo.

En tanto, el gerente de Sustentabilidad de la división Radomiro Tomic, Alejo Gutiérrez, la otra minera estatal que entrega aportes económicos a la gobernación provincial de El Loa, expresó que "hoy aún tenemos temas pendientes que cerrar y plazas que inaugurar con la gobernación. De ahí en más haremos nuestras evaluaciones y veremos cómo cerramos este convenio y analizaremos su futuro".

Molestia existe en los indígenas pertenecientes a la asociación Likan Tatay por las acciones que asumió la jefa de la oficina de Asuntos Indígenas de la Conadi en Calama, Liliana Cortez, al entregar un sitio, que les fue traspasado, para ser ocupado por personas que se descolgaron de la toma ubicada en la población Alemania. Este hecho provocó que pidieran una investigación a la Contraloría regional de Antofagasta.

Jorge Sánchez, presidente de la asociación, explicó que el año pasado Cortez les pidió que cedieran ese terreno, denominado manzana A de equipamiento, para estas familias por una semana, hecho que quedó plasmado en una carta con fecha 26 de septiembre, en la que se estipulaba que sería sólo por siete días, terminando este período el 29 de octubre de 2013.

Sin embargo, las personas aún están en el terreno y según plantea el dirigente, tan empoderadas que impiden que ellos puedan seguir con los trabajos que mantenían.

Sánchez precisó que en 1990 Bienes Nacionales les entregó los sitios que actualmente ocupan y diez años más tarde pidieron que se gestionaran los títulos de dominio a través de la Conadi, hecho que se oficializó mediante el decreto 211, con fecha 10 de julio de 2000. En este se estipuló la cantidad de sitios y el destino que tendrían.

El organismo indígena tenía cinco años para finalizar este trabajo, lo que ocurrió en su gran mayoría, menos con el terreno en cuestión. "Ese quedó pendiente. No sabemos por qué, quizá por falta de voluntad, porque estaba dentro del lote que traspasó Bienes Nacionales a la Conadi para que fuera entregado a Likan Tatay".

El dirigente enfatizó que se hicieron gestiones conjuntas con el organismo indígena, "como el cierre perimetral del sitio en 2001, siendo cuidado por nosotros desde esa época. Pero el año pasado, la misma Conadi instaló a estas personas, con una carta de compromiso que sería por una semana, porque ella (Cortez) los reubicaría, han pasado los meses y siguen ahí".

La asociación, evaluando el escenario, decidió presentar el 16 de enero de 2014 una denuncia y solicitud de investigación a la Contraloría regional de Antofagasta para que se aclaren las responsabilidades administrativas por parte de la jefa de Asuntos Indígenas y se adopten las medidas que correspondan para determinar la veracidad de los hechos.

En el documento presentado citan los encuentros que tuvo Liliana Cortez con ellos solicitando el terreno, además de la carta compromiso. Asimismo, plantearon que se desconoció "la obligación establecida en el decreto 211 de entregar dicho inmueble a la asociación indígena Likan Tatay".

Sánchez recalcó que llegarán hasta la última consecuencia, pues esperan que la Conadi adopte el procedimiento que corresponde para entregarles legalmente el sitio.

En este sentido y de acuerdo al asesoramiento legal que poseen, Sánchez explicó que "la Conadi debe desalojar el terreno y devolverlo a Bienes Nacionales, para que este organismo reactive la entrega a la asociación, porque no puede haber demandas por sitios entre servicios del Estado".

Se solicitó tener la versión de la jefa de la Conadi en Calama, pero su secretaria aludió que estaba ocupada en una reunión y no había claridad a qué hora terminaría.

En febrero cinco indígenas también solicitaron una investigación en contra de la jefa de la Conadi en Calama, Liliana Cortez, pero ante el Consejo de Defensa del Estado. Ellos plantearon que existían irregularidades en la asistencia laboral durante los 15 años que presta servicios al organismo gubernamental. Además de reclamar por la sanción que aplicó la Contraloría regional de un mes de suspensión y recibir sólo el 75% de su sueldo.