Todos los años la Conaf y el SAG encuentran vicuñas muertas en la Reserva Nacional Los Flamencos, la cual se divide en siete sectores en una extensión de 73.700 hectáreas. Por ello, ambas instituciones está constantemente patrullando el lugar y de esta manera evitar que sucedan matanzas ilegales, como la registrada hace algunos días. En la ocasión, murieron 20 especies que fueron encontradas desolladas en el Salar de Pujsa y en el sector de Aguas Calientes 1, sitios que entre sí tienen una distancia aproximada de 33 kilómetros y ambos están en las cercanías de la frontera con Bolivia sobre los 4.500 metros de altura.
Según informó la Conaf, a estas 20 especies se le suman dos más que encontraron asesinadas en la reserva, y correspondía a una vicuña hembra preñada y a la cual arrancaron su cría. Pero su data de muerte corresponde a un hecho anterior, al ocurrido cuando se encontró a a aquellas de los días anteriores.
La vicuña es una especie de camélido protegida por la ley de caza, ya que está en peligro de extinción en nuestra región. Su densidad poblacional permite que sea constantemente vigilada y por esta razón la Conaf creó un Plan de Conservación con el objetivo de evaluar la situación actual de la vicuña y sus áreas de concentración aledañas sobre a los 4.000 metros de altura.
Sin embargo, la caza furtiva de vicuñas es la principal amenaza para la conservación de esta especie, ya que el comercio ilegal de pieles y fibra logra mover millones de dólares en el mercado informal. A raíz de esto, la Bridema de la PDI en casos anteriores, logró identificar que son principalmente bolivianos los que se internan ilegalmente en la provincia para matar a las vicuñas.
Según indica la PDI de Calama, esta situación ha sido informada al Gobierno Boliviano y no se han tenido resultados. Por ello, es sabido que la piel y la fibra son procesadas en el país vecino y vendidas al extranjero a un alto precio, ya que ambas materias primas se utilizan para hacer ropa. Y de acuerdo a un reportaje publicado por el periódico El Mundo.es, un traje confeccionado con fibra de vicuña es vendido a 31 mil euros en Europa, es decir, casi 25 millones de pesos chilenos.
El mismo reportaje de El Mundo, explica en Latinoamérica la población de camélidos sudamericanos es de 7,5 a ocho millones, de los cuales un 7% correspondería a guanacos, un 45% a llamas, un 46% a alpacas y sólo un 2% a vicuñas. La lana de vicuña es parte del mercado de las fibras finas especiales, ya que una vicuña produce unos 200 gramos de fibra cada tres años. Es muy difícil conseguir varios metros de esta tela. El pelo de la vicuña es muy corto y fino, lo que hace muy difícil el hilado.
El SAG tiene la facultad de requisar vestimenta hecha con piel o fibra de vicuña, siempre que sus vendedores no tengan cómo acreditar su procedencia. "Tanto en Perú como en la primera Región, hay criaderos donde son esquiladas, y con su lana hacen chalecos, bufandas y distintas prendas. Por ello, se permite su comercialización pero esa lana debe venir de lugares establecidos", explicó el director regional del SAG, Alexis Zepeda.
El comercio no es la única amenaza, si no también en nuestra provincia el turismo invasivo no controlado y la presencia de personal involucrado en faenas de construcción o prospección de recursos con fines productivos. Ambos factores que hacen peligrar a la especie, provocando el desplazamiento de sus grupos familiares y tropas de machos juveniles. Lo anterior modifica y provoca alteraciones de la dinámica del hábitat de la fauna nativa y el desplazamiento de sus territorios, ya que la expansión turística y minera ha intervenido los corredores naturales de la vicuña.
Zepeda manifestó que constantemente están fiscalizando el vasto territorio, y por lo general siempre el patrullaje lo hacen dos efectivos del SAG, dos de la Conaf, dos de la Bidema de la PDI o dos funcionarios de Carabineros.
La autoridad agregó que, "muchas veces las comunidades han denunciado que no fiscalizamos, esto pasa porque hemos levantado querellas contra algunos miembros de la comunidad atacameña, ya que también han hecho uso ilegal de las vicuñas en las cercanías de Socaire principalmente. Por ello, el patrullaje es un procedimiento que se hace constantemente".
Zepeda indica que siempre es complejo mantener vigilado todos los frentes. Agregando que "nosotros siempre salimos a fiscalizar en conjunto con la policía, porque nos hemos encontrado con traficantes de droga, que ponen en peligro la vida de nuestros funcionarios. Porque se está resguardando la vida de la flora y fauna nativa, en un área muy compleja".
La Conaf dispone de siete guardaparques en tunos de 8x8, quienes encontraron el año pasado sólo dos vicuñas muertas, un número mínimo en comparación con las 22 de este año.
Las rondas que realiza la Conaf, son principalmente para detectar actividades incompatibles y generar medidas de control y manejo, lo que implica también tomar iniciativas de tipo administrativo y legal cuando lo amerite. Los patrullajes tienen un especial énfasis en considerar vigilancia interinstitucional centrada principalmente en especies con problemas de conservación.
La denuncia sobre el caso de las 22 vicuñas muertas se realizó ante Carabineros de la comuna de San Pedro de Atacama, según indicó Tomás Gerö, director regional interino de la Conaf. Por ello, la PDI de Calama no tiene registro de ella, pero el procedimiento legal indica que se remitirá a la Fiscalía y ellos derivarán la investigación a la policía.
"Nosotros continuaremos con los procedimientos legales necesarios, y reforzaremos el patrullaje de los guardaparques en la reserva. Pero hay que considerar que es un territorio muy extenso y hecho que dificulta los esfuerzos realizados", añadió Gerö.
El SAG también iniciará los procesos judiciales en contra de los responsables, que ellos velan porque se cumpla la ley de caza, la que establece penas claras a todos aquellos que maten una vicuña o a algún otro animal protegido.
Sin embargo, ya han pasado muchos días desde que el hecho sucedió y esto dificultará el trabajo de la policía. Ya que de acuerdo a lo explicado por la PDI de Calama, cuando les llegue la orden desde la Fiscalía, el sitio del suceso ya estará intervenido, lo que implica que recabar más antecedentes se complejizará.
"Nosotros continuaremos con los procedimientos legales necesarios, y reforzaremos el patrullaje de los guardaparques en la Reserva. Pero hay que considerar que es un territorio muy extenso".
Tomás Gerô
Director interino de la Conaf
