En el mundo en que hoy vivimos de integración, desarrollo y crecimiento resulta fundamental incentivar la inclusión de los discapacitados al mundo laboral, tema que Chile debe abordar con entusiasmo y responsabilidad.

En este sentido, en el Congreso Nacional estamos trabajando en iniciativas legales que apuntan en esta dirección, ya que Chile debe trabajar por la inclusión social de toda persona aunque presente algún tipo de discapacidad para integrarlos y darles una mejor calidad de vida.

En Chile a través de la Ley N° 19.284 se regula los derechos de las personas con discapacidad, dicha norma tiene por objetivo promover la plena integración de las personas con discapacidad y se ordena en torno al principio de equiparación de oportunidades, estableciendo acciones estatales de prevención y de rehabilitación.

En esta línea, puedo sostener que a pesar de los grandes avances que se han mostrado en esta materia, después de varios años de vigencia, es necesaria su revisión para actualizarla a nuevos desafíos, diversos factores refuerzan esta decisión, pero principalmente el porcentaje importante de personas que presentan algún nivel de discapacidad en nuestro país - cifra cercana al 15% de la población total -.

Por lo anterior, puedo asegurar que resulta muy importante que, como se ha afirmado en otros proyectos de ley relativos a la plena integración de los discapacitados, en un marco universal de cultura y respeto de los derechos humanos, el acento se coloque ahora sobre el entorno social, y no sobre las deficiencias de las personas, construyendo una mirada que reconozca y valore la diversidad, al mismo tiempo que enfatice la efectiva igualdad de oportunidades para todos.

Con todo, quiero dejar claro que tanto los particulares y como el Estado deben cumplir con estos deberes, promoviendo la contratación de discapacitados, con el fin de permitir su integración al mundo laboral, hecho que les generaría no sólo satisfacción, sino que una mejora síquica y física a su propia condición.

Inquietud están generando las constantes alzas del precio de las bencinas en las últimas semanas y que colocarán su valor en los mil pesos en algunas ciudades. Claramente el Sistema de Protección al Contribuyente, SIPCO, no ha estado funcionando y pese a que el alza de los combustibles es estacional y debiera comenzar a bajar con la llegada del verano en el hemisferio norte, la situación está complicando a aquellos sectores que utilizan diaria y constantemente su vehículo como mecanismo de trabajo.

Los transportistas de carga terrestre y en el caso de Calama el gremio de los colectivos, esperan que el Gobierno adopte medidas y busque nuevos mecanismos para regular este impuesto específico.

Por su parte el alza de los combustibles afecta también la cadena productiva, lo que podría desencadenar en anuncios de alzas de diversos sectores, lo que complicaría a toda la población, principalmente los sectores que tienen un reducido presupuesto.

Hay que recordar, frente a esta inquietud, que nuestro país está entre los mercados más caros de combustibles para el transporte, dada su lejanía, su escasa producción y dependencia de la oferta externa.

Ante esta encrucijada se deben buscar fórmulas nuevas, como que todas las áreas productivas paguen el impuesto específico como proponen los transportistas de carga terrestre. Otras propuestas son la eliminación del impuesto al combustible para más sectores (aunque a la fecha sólo lo paga el 20 por ciento del mercado) o la intervención estatal que se traduciría en altos costos fiscales.

Mientras no haya resolución al respecto, las críticas seguirán y los bolsillos de varios sectores se verán complicados en las próximas semanas.

Para algunos expertos este impuesto es antisocial, donde que la clase media y pobre está subsidiando a las grandes empresas con respecto del impuesto. Para ello proponen eliminarlo definitivamente y establecer otro de carácter único y transversal para todo el mercado consumidor, tal como lo señalan los transportistas de carga terrestre.