El municipio iniciará acciones legales para desalojar la toma
El sábado 16 de marzo de 2013, 90 familias -llegaron a ser cerca de 500- se tomaron el terreno municipal emplazado a un costado del Polideportivo Alemania, demandando soluciones habitacionales. Hoy, la alcaldía, que en un principio intentó resolver el conflicto a través del diálogo y ante la negativa de la gobernación provincial de desalojar el sector; iniciará una serie de acciones legales para poner definitivamente término a la toma "Calameños Unidos".
El procurador municipal, el abogado Patricio Villaseca, explicó una vez que se inició la toma del terreno donde se proyecta construir un área verde que se sume a la red de parques, se optó por el diálogo para destrabar el conflicto y que una vez que ese camino no fructiferó, se solicitó a la gobernación provincial el desalojo, pero esta, que era encabezada por la ex gobernadora Lorenza Muñoz, no ejecutó la medida.
"La verdad es que la administración anterior de la gobernación omitió dar una solución definitiva al tema y nosotros hemos vuelto a requerir esta restitución administrativa o el desalojo a la gobernación provincial", que hoy es encabezada por Claudio Lagos, detalló el abogado de la alcaldía.
Villaseca agregó que es la ley la que establece la competencia del gobernador provincial en estas materias, por lo que éste tiene la atribución y al mismo tiempo la obligación de ejercer una súper vigilancia de todos los bienes públicos.
Sobre este punto el procurador recalcó que "la Contraloría de manera uniforme en su jurisprudencia ha extendido el concepto de bien inmueble público a los bienes municipales, por lo tanto este bien que pertenece a la municipalidad en dominio, queda cubierto por esa obligación que tiene el gobernador para supervigilar y ejercer todas las medidas que están dentro del ámbito de sus atribuciones".
Consultado sobre el detalle de medidas legales que adoptará la procuraría de la municipalidad para acabar con la toma, el abogado expuso que recurrirán a cualquier medida o atribución que les entregue la ley, por lo tanto, se está estudiando la interposición de acciones judiciales, tanto en el ámbito criminal como constitucional. "Esto es la interposición de eventuales querellas por el delito de usurpación en un bien municipal y la interposición de un recurso de protección en el caso que la gobernación provincial no asuma y no de respuesta en el plazo que la ley le establece", especificó.
Sobre si las querellas apuntarán contra los dirigentes de la toma o alguna persona en específico, el representante municipal aclaró que "estas acciones no pretender ir en contra de nadie en particular, sino que más bien pretende denunciar el hecho objetivo de la ocupación ilegal de un inmueble que le pertenece a todos los calameños. Serán en definitiva los tribunales de justicia quien determinarán las responsabilidades de las personas involucradas en estos hechos".
En el caso de la acción contra la gobernación, dijo que el recurso de protección, buscará determinar si el accionar de la gobernación se ajusta o no se ajusta a derecho, lo que se realizará la semana entrante, pues "estamos disponiendo de ese plazo, básicamente, porque la solicitud de restitución administrativa respecto de la gobernación vence sus plazos para ser respondida la próxima semana, por lo tanto a la espera de esa respuesta nosotros vamos a adoptar las medidas que correspondan", culminó.