Las reiteradas denuncias que posee la empresa Aramark en la inspección del Trabajo y la polémica huelga de hambre de cuatro extrabajadoras, son agravantes que dieron la alerta a las autoridades del actual gobierno. Por ello sin reparos el seremi del Trabajo, Pablo Rojas, decidió comenzar sus fiscalizaciones en la provincia en el edificio Corporativo de Coldeco, donde se encuentran las instalaciones de la empresa en cuestión.

Para tomar en consideración las condiciones laborales de las trabajadoras, la fiscalización estuvo a cargo del inspector de la dirección del Trabajo, Marcelo Arguellez, quien fue drástico en sus evaluaciones, encontrando claras deficiencias en los aspectos de higiene y seguridad, sumados a irregularidades administrativas.

Sin embargo, los principales cuestionamientos versaron en cuatro puntos que fueron informados a través de la evaluación preliminar de la inspección del Trabajo, lo que tienen que ver con aspectos de higiene y seguridad, considerando falta de señaléticas, demarcación de pasos peatonales, emisión de gases y nulo establecimiento de vías de evacuación.

Todo esto derivado del trabajo que hace Aramark en el subterráneo del edificio corporativo, las que fueron informadas a la empresa fiscalizada. Sin embargo, la empresa mandante que es Codelco, es quien debería implementar todos estos sistemas, ya que son ellos los que designaron este lugar de trabajo a la contratista. Sin embargo, también es responsabilidad del contratista hacerse cargo del resguardo de sus trabajadores.

Según informó el seremi del Trabajo, se pretendía verificar algunos incumplimientos de los cuales se tenían antecedentes y hacer cumplir los derechos de los trabajadores. "Lo que pudimos observar, fueron infracciones a temas de higiene y seguridad, pero debemos esperar el resultado de la fiscalización en materia de documentos administrativos. Y la iniciativa de supervisar a esta empresa, fue por las no menores denuncias en la inspección y por las demandas de la shuegistas de hambre", agregó.

El gobernador provincial, Claudio Lagos, expresó que es importante espera la resolución final y que una de las irregularidades más llamativas es la contaminación de monóxido de carbono que se tiene en el subterráneo, donde también está el comedor de las trabajadoras.

Una nueva ordenanza municipal comenzará a regir en los próximos días luego que la entidad edilicia la publique. Ayer el concejo comunal de Calama, la aprobó por mayoría, en la sesión que, aunque fue interrumpida, pudo concretar este proceso.

De acuerdo a lo explicado, la municipalidad requiere de este instrumento legal a fin de que aquellos comerciantes que se han instalado en la ciudad con recintos disponibles para el estacionamiento de vehículos, puedan ser debidamente controlados y cumplan una serie de exigencias que la ley establece, dado que no cualquier persona puede llegar e instalar un recinto, sin que cumpla exigencias a fin de resguardar la seguridad ciudadana.

Los estacionamientos de vehículos privados en Calama han aumentado significativamente, más aún en el último tiempo en que el incremento de vehículos motorizados en la ciudad es notorio. Hay que recordar que sólo móviles privados suman sobre cuarenta mil y a ellos hay que sumar otros tantos de la locomoción colectiva.

Un abrupto ingreso hizo ayer ante una reunión del concejo comunal un centenar de comerciantes de distintas ferias de Calama, cuya presencia luego se volvió en denostaciones y duras expresiones contra los concejales que obligaron la presencia de los guardias municipales para resguardar la integridad física de los asistentes.

La acción se cometió ayer en la mañana en la municipalidad de Calama, donde luego de muchos entredichos se logró consensuar una reunión para la tarde, para la cual los vendedores hicieron algunos requerimientos.

La jornada continuó en la tarde, donde, pese a que se procuró resguardar la compostura, hubo instantes álgidos y costó volver a los comerciantes a la calma.

Llamó la atención el cómo dirigentes del gremio de feriantes pudieron emitir juicios verbales contra los concejales y les enrostraron falta de gestión. La situación llevó a que la presidenta de la Comisión Feria, Isolina Molina, presentara su renuncia a ese cargo, aún cuando los feriantes no se manifestaron en su contra. Pero ella dijo que es una situación muy compleja, la de poder resolver situaciones en las ferias.

María Albornoz, en representación de los feriantes comentó que llevan mucho tiempo pidiendo se frene la existencia de ilegales, "comenzamos hace ocho años con las reuniones. En ese tiempo eran trescientos ilegales, hoy son tres mil, que llegan con camionetas llenas de todo tipo de mercaderías. Vienen desde distintas partes, Arica, Iquique, Valparaíso, Tocopilla. Esto nos lleva a un tremendo deterioro económico y nadie hace nada".

Reclamaron también los feriantes por un proceso de demarcación de sitios, para cinco de las poblaciones donde operan, porque esperan desde el 2012, a fin de regularizar el sistema, y no ha sido posible esa respuesta. Comentó María Albornoz que hoy existen setecientos comerciantes con permisos.

Con los ilegales dijo se ocupan entre quince y veinte cuadras de comercio, "con todo tipo de ventas, desde muebles, hasta comidas preparadas que algunos venden en carros de supermercados y comen en el suelo. Esas costumbres no son del país, pero se están insertando aquí. Sin embargo no hay quienes estén preocupados del tema, se han tomado terrenos y trabajan día a día". Agregó que falta inspección de parte de Higiene Ambiental, de Impuestos Internos y del municipio.

En la tarde, después de las exposiciones, lograron algunos acuerdos que pasaron por la demarcación que se hará a contar de hoy. De parte de Carabineros, se manifestó que harán una visita inspectiva previa, para interiorizarse de lo que sucede, según lo manifestó el comandante Luis Soto, pero la idea no es llegar a una batalla campal y que este es un problema existente en todo el país y es difícil de resolver. A su vez agregó no se puede disponer de todo el personal policial que la gente quisiera, para este tipo de controles.

Los comerciantes por cierto no se mostraron muy contentos con esa respuesta.

Más tarde igual insistieron en algunos comentarios que descolocaron a los concejales.

Y por cierto en medio de la hora de incidentes, los concejales manifestaron lo complejo de la situación.

De hecho les llama la atención que ellos hablen de setecientos comerciantes con permisos, en consecuencia que la municipalidad registra quinientos sesenta. Por otro lado establecieron que los mismos establecidos avalan la ilegalidad, porque, cuando se presentan los inspectores, amparan a los sin permiso para que no se les cursen multas.