Diversos son los argumentos que plantean los usuarios para realizar ampliaciones en sus viviendas, las que no siempre están acordes con las normativas vigentes. Esta situación ocurre en el cuarenta por ciento de esas construcciones, las que se realizan de manera ilegal. Ello, de acuerdo a los antecedentes que se manejan en la Dirección de Obras Municipales de Calama.

Para profundizar sobre el tema, conversamos con el director de Obras Municipales Luis Alfaro, quien comentó que hay edificaciones que los mismos usuarios, deben después demoler o bien deben exponerse a que la misma municipalidad haga tal demolición, por no regirse por las normas.

De acuerdo a lo explicado por Alfaro, la Dirección de Obras está para hacer cumplir la Ley General de Urbanismo y Construcción. "La ley es un cuerpo normativo que puede tener muchas interpretaciones, pero quien interpreta esta ley es el Ministerio de Vivienda y Urbanismo a través de su Departamento de Desarrollo Urbano y rigiéndose por ello es que la Dirección de Obras debe hacer cumplir esa ley".

El director de Obras dijo que es lo que ocurre con los permisos de construcción por ejemplo, donde se ha establecido que alrededor de un cuarenta por ciento se hacen sin permisos. Las de grandes magnitudes, no suelen presentar ese problema, pero sí ocurre en las viviendas, frente a lo cual ellos reciben del orden de tres o cuatro denuncias diarias, por ampliaciones sin la debida autorización. Y donde más reclaman los vecinos, es en aquellos casos en que esa edificación, les significa algún perjuicio a ellos, en su calidad de terceros, o por ser vecinos.

Es que se da mucho el caso, por ejemplo de antejardines, que se construyen hacia la calle, ocupando algunos inclusive las veredas, y se han encontrado con situaciones donde inclusive dejan encerrada la postación eléctrica.

Ante las denuncias, dice Alfaro, ellos concurren al lugar, aplican la sanción, y se les espera un tiempo para que hagan las debidas modificaciones.

Alfaro agregó que quienes construyen sin permiso, posteriormente igual se presentan ante la municipalidad para que les regularicen su situación, principalmente aquellos que quieren iniciar algún negocio en sus casas, y necesitan normalizar ese espacio, o en el caso de poner en venta la vivienda.

El funcionario municipal señaló que el trámite de regularización de una ampliación no es tan largo, pero sí se requiere de un plano elaborado por un arquitecto y eso es lo que complica a los usuarios, porque estiman los profesionales tienen cobros muy elevados.

Además, los arquitectos se rigen por la Ley de la Oferta y Demanda y que en consecuencia deben las personas solicitar presupuestos hasta que se logra que alguno les acomode según su presupuesto. Lo que resulta más recomendable, dice Alfaro, porque "al no recibir esa orientación, la gente se expone a no realizar las cosas de acuerdo a la ley y ante eso, difícilmente se les puede recepcionar y aceptar esa edificación".

Explicó que en la Dirección de Obras se aprueban del orden de 50 permisos mensuales, de un total de doscientas que se están construyendo, reparando o ampliando en Calama cada mes. Esto, dice Alfaro, no le parece lo más viable, es decir, que se construya antes de pedir el permiso, porque se arriesgan a que la municipalidad, no les acepte dicha construcción y tengan que reinvertir en la obra. Pero agregó que pocas veces interfieren, teniendo ellos mismos que demoler, sino que los usuarios, al verse apremiados por tanto trámite de no recepción de la obra, deciden hacer el trabajo de nuevo.

Donde mayores problemas han tenido en el último tiempo es en la población O'Higgins, donde, hechas las inspecciones, han detectado que son muchos los jardines que se han construido utilizando el bien de uso público, es decir, han sobrepasado hasta en cuatro metros la línea de edificación correspondiente. A estas personas se les notifica, se les multa, y de no atender el llamado, el municipio procede con la demolición, que ha ocurrido en el último tiempo, según dijo Luis Alfaro.

Añadió que entiende que haya personas que reclamen, porque hacen una inversión, no obstante no deben hacerlo en terrenos que no les pertenecen, porque se arriesgan a perder esa inversión.

"Nosotros entendemos cuando se toman algunos centímetros, pero hay quienes se toman hasta la vereda, a veces son cuatro metros y argumentan que lo hacen por razones de seguridad, pero al hacer la respectiva inspección, comprobamos que esos antejardines los vuelven estacionamientos, es decir, construyen para lucrar y eso no corresponde. En otros casos, hay terrenos cercados, donde dejan dentro hasta la postación eléctrica", destacó.

El personero municipal mencionó que es un tema en el que trabajan y para lo que se está notificando a la ciudadanía, para que regularice.

No se contempla el que se restablezca el desarrollo de la Ley del Mono, que permite flexibilidad para ese tipo de construcciones sin permisos, para que los vecinos regularicen y se les pueda estandarizar su situación. Pero Alfaro no recomienda ese sistema, porque "se gasta menos en trámites, pero los vecinos no necesariamente podrán estar tranquilos, por ejemplo, si con esa norma al vecino se le autoriza que construya una ventana hacia su casa y ha ocurrido", dijo.