En el norte de nuestro país, ha existido un abuso de construir sin ningún tipo de permiso, amparado en que el terreno es propio, para evadir todo tipo de pagos y de esta manera eludir mayores contribuciones.

Lamentablemente esta situación trae aparejado una serie de inconvenientes y riesgos, de las cuáles no existe mucha conciencia.

En el caso de Calama, el 40 por ciento de las ampliaciones que se realizan en la ciudad no cuentan con los permisos respectivos, por lo que no existe ninguna entidad técnica que certifique su calidad y seguridad.

Es así como en el último tiempo, numerosos incendios se han originado en ampliaciones, principalmente derivadas de fallas eléctricas, al no contar con certificaciones adecuadas.

Otro problema que no es menor, se refiere a la calidad de las edificaciones y los riesgos que puedan sufrir sino existe algún tipo de cálculo estructural, e incluso a veces puede ser necesario hasta un levantamiento topográfico, para certificar de que no se vaya a hundir, como ocurrió con algunas casas en Iquique construidas en terrenos salobres; en el caso de Antofagasta muchas levantadas sobre la arena y en Calama, algunas edificadas sobre antiguas vegas.

Aquí no se trata de cobrar más o menos impuestos, se busca dar seguridad y resguardos tanto a los habitantes como a los propios moradores de las viviendas.

Hoy en día es posible, con tanta información disponible, levantar edificaciones más seguras, emplear los accesorios adecuados, calcular los riesgos y peligros. Sólo de esta manera podremos cumplir con las normativa y evitar riesgos innecesarios.

Por otro lado, este estilo de autoconstrucción en la ciudad, ha dado paso a edificaciones horrorosas y que desde el punto de vista estético y arquitectónico terminan por generar una contaminación visual que nos aleja completamente de tener una ciudad agradable. Ha llegado el momento de regular este problema que afecta a nuestra ciudad de Calama.

Cuando pensamos en la protección de los consumidores, tendemos a identificar inmediatamente los hechos más claros de orden económico: cobros indebidos, cláusulas abusivas, publicidad engañosa y otros.

Esto, como consecuencia de que casos como La Polar, Cencosud y Banco Estado elevaron el perfil público de la actividad del Sernac y pusieron en evidencia que muchas veces los mercados no funcionan adecuadamente y repiten comportamientos que no sólo atentan contra el interés de los consumidores, sino van en menoscabo de aquellas empresas que sí quieren competir respetando las reglas del juego.

Mientras nuestro país se encamina al desarrollo, temas que ayer fueron resistidos, como la plena aplicación de la Ley del Consumidor en materia financiera, hoy se encuentran resueltos, y nuevas expectativas aparecen en el horizonte gracias a la existencia de consumidores cada vez más conscientes y empoderados de sus derechos.

Por lo tanto, es necesario que cuando pensemos en la protección que la ley entrega a los consumidores, vayamos más allá de su mero interés económico, recordando que los consumidores también tienen derecho a un trato digno y respetuoso, y a que las empresas no los discriminen arbitrariamente.

En este sentido, la protección a los consumidores tiene mucho en común con las garantías constitucionales y con los derechos humanos, y no podría ser de otra forma.

De esta manera, la apreciación integral de la protección al consumidor debe mirarse como un conjunto de reglas básicas de convivencia en todos los mercados y debe extenderse a nuevos ámbitos, relacionados con la consolidación en nuestro país de una cultura de respeto y valoración de los consumidores como piedras angulares en las estrategias de negocio de las empresas.

Lo anterior es especialmente importante cuando se trata de los consumidores más vulnerables: los niños, los adultos mayores, las personas de bajos ingresos, los sobreendeudados y los jóvenes que recién se incorporan al mundo laboral.