Los rebeldes prorrusos de la región de Donetsk pusieron ayer sus propias condiciones a Kiev para deponer las armas y desalojar los edificios oficiales en cumplimiento del acuerdo alcanzado en Ginebra para pacificar el sureste de Ucrania.

"Exigimos al Gobierno que desarme primero a los grupos ilegales que actuaron en el Maidán, como el Sector de Derechas, y esa Guardia Nacional que han creado. Luego depondremos las armas y desalojaremos los edificios", afirmó a EFE Kirill Rudenko, portavoz de la autoproclamada "República Popular de Donetsk".

Los sublevados, que en las últimas dos semanas se han apoderado de armas, comisarías y sedes administrativas por toda la geografía de esta región, también demandan el desmantelamiento de la ciudadela que se levanta desde hace cinco meses en el centro de Kiev, corazón de la protesta popular que derrocó a Víktor Yanukóvich.

El titular de la diplomacia ucraniana, Andréi Deschitsa, respondió que los acuerdos de Ginebra, alcanzados el jueves en una reunión entre los ministros de Exteriores de Ucrania, Rusia, EE.UU. y la Unión Europea, "no afectan al Maidán de Kiev", al que las autoridades de este país consideran legal.

Tan sólo unas horas después de que llegara el acuerdo, las partes enfrentadas parecen haber empezado un diálogo que aleja de nuevo la solución al conflicto que ha puesto a Ucrania al borde del quiebre.

"Primero que hagan la reforma constitucional que han prometido en Ginebra (para descentralizar el país) y ya luego dejaremos los edificios ocupados", añadió Rudenko.

Además, el llamado gobierno insurgente de Donetsk denunció ayer el secuestro de uno de sus militantes, Leonid Baránov, al que las fuerzas de seguridad ucranianas habrían detenido y llevado a Kiev para presentar contra él una acusación formal.

"Con este secuestro, Kiev ya ha incumplido uno de los puntos del acuerdo", se quejó Rudenko en alusión a la amnistía prometida por el Gobierno ucraniano a todos los milicianos armados y activistas que ocupan las sedes oficiales en caso de que no hayan cometido crímenes.

A lo largo de todo el día de ayer, distintos líderes y portavoces de los rebeldes esgrimieron numerosas condiciones para abandonar la lucha, desde la celebración de un referéndum de autodeterminación hasta la dimisión de las nuevas autoridades ucranianas, a las que no reconocen legitimidad.

Mientras, la ciudad de Slaviansk seguía ayer bajo el absoluto control de paramilitares uniformados y armados con fusiles Kaláshnikov, identificados por Kiev como invasores rusos y llamados despectivamente como "hombrecillos verdes" por el color de su vestimenta. "Enseña tu cara, porque no sé quién eres. Yo soy de aquí y tú no", increpó un hombre a uno de los milicianos apostados frente al ayuntamiento de esta localidad convertida en bastión de la protesta prorrusa durante estas semanas. A su lado, un centenar de vecinos, sobre todo jubilados, se habían reunido para exigir a los milicianos que liberen a su alcaldesa, Nélia Shtepa, después de que corriera por la ciudad el rumor de que había sido secuestrada, sin que nadie lo haya confirmado hasta ese momento.

Tanto Slaviansk como la vecina Kramatorsk continúan en el centro de la operación antiterrorista declarada por Kiev, aunque el Servicio de Seguridad de Ucrania aseguró ayer que su fase activa fue temporalmente suspendida hasta el final de la Semana Santa que celebra estos días el país

EE.UU. aseguró que si Rusia no aplica el acuerdo alcanzado el pasado jueves en Ginebra y no evacua a los separatistas prorrusos de los edificios gubernamentales que han tomado en algunas ciudades del este de Ucrania, Moscú sufrirá las consecuencias. "Creo que la respuesta clara a la pregunta de cuál es la participación de Rusia es que si no juegan un papel aquí, si no se toman las medidas que deben tomar, sin duda habrá consecuencias para Rusia", afirmó la portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki.

La Fiscalía de Corea del Sur solicitó ayer una orden de arresto contra el capitán y dos miembros de la tripulación del hundido buque surcoreano Sewol por presuntamente abandonar el barco sin asegurar la puesta a salvo de los pasajeros.

Los fiscales creen que tanto el capitán, Lee Jun-seok, de 69 años, como los dos tripulantes violaron la ley al ser evacuados en los primeros momentos del rescate sin atender a la seguridad de la mayoría de los 475 pasajeros. Un tribunal de distrito tiene previsto celebrar una audiencia en las próximas 48 horas para decidir si emitir las órdenes de arresto de los tres marinos, informó la agencia local Yonhap.

De los dos miembros de la tripulación que podrían ser arrestados en las próximas horas una es la tercera oficial, de 26 años e identificada por su apellido Park, que según las investigaciones llevaba el timón en el momento en el que se produjo el accidente. La cesión del mando del capitán a la tercera oficial también violaría las normas marítimas. Mientras continúan las tareas de rescate, los datos oficiales contabilizan 179 rescatados con vida, 28 muertos y 268 desaparecidos.

Se cree que el buque realizó un cambio de dirección brusco en lugar de girar de forma gradual, lo que habría desplazado la carga y provocado su vuelco. Sobre el capitán también recaen otras sospechas como la de haber ordenado a los pasajeros permanecer sentados durante la primera media hora tras la colisión.