La Presidenta Michelle Bachelet firmó ayer el primer proyecto de ley de su Gobierno en materia de educación, que crea la figura de un administrador provisional de universidades en crisis. La autoridad tendrá a su cargo garantizar la continuidad de clases para los alumnos y tendrá una duración de dos años, prorrogable.
En caso de subsanarse las deficiencias que motivaron su nombramiento, el Mineduc puede alzar la medida, con acuerdo del Consejo Nacional de Educación (CNE).
El personero será designado por el Ministerio de Educación previa investigación a la institución por parte de esa cartera o la justicia ordinaria, y tendrá cabida cuando los hechos afecten la viabilidad académica, administrativa o financiera de una institución (por ejemplo en caso de quiebra).
También cuando esos hechos supongan posibles infracciones a sus estatutos, o a la normativa que las rige, en especial aquella relativa a su naturaleza jurídica de persona jurídica sin fin de lucro.
Cuando termine su gestión, el interventor deberá presentar un informe al Mineduc y al CNE para rendir una cuenta del cumplimiento. En caso de que fuera exitosa, se levanta de sus funciones y por el contrario, se nombrará un administrador de cierre.
El interventor no debe tener conflicto de interés y será requisito que exhiba una experiencia probada en el sector educacional o productivo.
La Mandataria agregó que se trata de una ley corta, que precisa y aumenta facultades de un interventor en casos como el ocurrido con la Universidad del Mar, en que miles de estudiantes quedaron a la deriva por una mala gestión de la institución.
"Estamos dando el primer paso de un camino, el que será complejo", dijo Bachelet. La Jefa de Estado reivindicó el carácter de los estudiantes de "sujetos de derecho"." Eso significa que más allá de que si estudian en instituciones públicas o privadas, debemos asegurarle un mínimo de garantías sobre su proceso educativo, sus ilusiones, esperanzas y sus familias", agregó.
El proyecto de ley otorga amplias atribuciones al administrador, quien asumirá el control académico, administrativo y financiero de la universidad durante su intervención en la institución.
El proyecto, que se podrá aplicar a universidades y centros de formación técnica de educación superior, obliga al interventor en un plazo limitado a diseñar un plan que reconstruya la gestión del centro, o en caso de imposibilidad, determinar su cierre.
Para el caso de una posible caducidad de una institución, el administrador de cierre será designado siempre que se decrete la sanción de revocación de reconocimiento oficial de la casa de estudios. Lo anterior supone el agotamiento de todas las instancias previas de solución. Esta figura deberá elaborar un plan de cierre- 30 días después de su nombramiento- para velar por la reubicación de los alumnos y la titulación oportuna de quienes estén próximos a ese trámite.
El ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, dijo que este proyecto no busca "innovar en materia de condiciones por las que se puede cerrar (una universidad), sino establecer una figura de un administrador para saber si es necesario cerrar, y viabilizar los estudios de los alumnos".
El secretario de Estado aseguró que el Gobierno espera que esta figura sea utilizada de forma excepcional, ya que La Moneda pretende crear una Superintendencia de Educación que sea capaz de fiscalizar el funcionamiento de las universidades y detectar las malas gestiones a tiempo. Ese proyecto, gestionado por el Gobierno del ex Presidente Sebastián Piñera, será uno de los que enviará el Mineduc al Parlamento en las próximas semanas.
El vicepresidente del Consejo de Rectores y rector de la Universidad de Santiago, Juan Manuel Zolezzi, dijo que "se está dando un paso importante en asegurarle a los estudiantes que no van a quedar en la calle en caso que su institución fracase por alguna razón, ya sea económica, académica o de otro tipo", dijo.
Respecto de la posibiildad de que la figura resteautonomía a los planteles de educación superior, el rector de la Universidad Alberto Hurtado, Fernando Montes, señaló que se debe "analizar el detalle" del texto. "Si significa que una auténtica autoridad que lleva bien la universidad sea intervenida sería grave, por eso hay que estudiar la ley", indicó.
Nombramiento Será designado cuando la viabilidad académica, administrativa o financiera del plantel esté en riesgo.
Atribuciones La intervención dura dos años y debe crear un plan que restituya la gestión del centro o determine su cierre.
Operación También podrá nombrarse si la entidad tiene sanciones, medidas precautorias, embargos o retiros de especies.
Tomas La ley no contempla intervenir en aquellas universidades donde ocurran tomas estudiantiles prolongadas.
