Administrador Provisional de Educación Superior
Se contemplará especialmente la reubicación de los alumnos y la titulación oportuna de los estudiantes.
A raíz de la quiebra de la Universidad del Mar, salieron a la luz los graves problemas financieros que presentan diversas casas de estudios superiores en nuestro país y que pueden afectar las carreras, sueños y esperanzas de miles de jóvenes que con esfuerzo anhelan tener un título profesional.
Hasta la fecha nuestra legislación no se hace cargo de los casos en que una Universidad, Instituto Profesional o Centro de Formación Técnica pierda su reconocimiento oficial por parte del Ministerio de Educación, y en consecuencia tenga que cerrar sus puertas.
Por lo anterior es que el Gobierno de la Presidenta Bachelet el día de ayer ha enviado al Congreso Nacional un proyecto de ley que crea la figura del Administrador Provisional de Instituciones de Educación Superior.
La idea fundamental es resguardar el derecho a la Educación de los estudiantes, cuando la casa de estudios de que se trate deba cerrar sus instalaciones, además de velar por el buen uso de los recursos que la institución afectada reciba, protegiendo la fe pública comprometida.
El proyecto indica que se establecerá un periodo de investigación previa, cuando el Ministerio de Educación tome conocimiento de hechos que afecten seriamente la viabilidad administrativa y/o financiera de una Institución de Educación Superior, así como también los compromisos académicos que ésta asume con los y las estudiantes.
La iniciativa recalca la creación del administrador provisional cuando se declare la quiebra de la institución en cuestión, cuya misión será presentar y ejecutar un plan de administración provisional tendiente a subsanar los vicios o problemas detectados. Dentro de dicha administración se contemplará especialmente la reubicación de los alumnos y la titulación oportuna de los estudiantes, tarea que será entregada a un administrador de cierre.
De antemano comprometo mi voto favorable para el presente proyecto, pues es fundamental normar la situación descrita y en especial la administración de las instituciones afectadas, a fin de cuidar el correcto uso de sus recursos, evitando que estos tengan otros destinos.